Dentro de las observaciones a las cuentas públicas de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDH) se detectó por parte de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) que la presidencia de este órgano realizó gastos por más de 2 millones de pesos, sin poderlos comprobar, además que negó información completa, lo que representa una violación a la Ley de Transparencia.
De acuerdo con las irregularidades encontradas durante el ejercicio fiscal 2015, mismas que no pudieron ser solventadas por el órgano fiscalizado, se detectó la erogación de 2 millones 791 mil pesos, cantidad en suma total de tres pólizas. Sin embargo, la DDH omitió salvaguardar y presentar la documentación que justifique tal inversión, además que los recibos no tenían las firmas de los trabajadores correspondientes.
Esta instancia de defensa a las garantías individuales también es acusada por no hacer el pago de un millón 858 mil 200 pesos, referentes a un laudo condenatorio en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje desde 2014, sin que las autoridades de la defensoría presentaran alguna justificación. Asimismo, este organismo se negó a pagar cuando dicho importe subió hasta 2.5 millones de pesos, en 2015, lo cual derivó en un daño al erario por 690 mil 297 pesos.
Aunado a ello, en el rubro de irregularidades laborales se detectó que pagaron 227 mil 940 pesos al titular del Órgano Interno de Control por concepto de baja, sin embargo, según el listado de Finiquitos y Liquidaciones en 2015 sólo se debieron pagar 159 mil 558 pesos, una diferencia de 68 mil 382 a favor del empleado citado, sin causa justificada.
De igual manera, la DDH no expidió recibos oficiales, por concepto de nóminas quincenales, finiquitos y otras prestaciones por la cantidad de 18 millones 24 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2015.
La página de internet de la DDH no tiene la información referente a las ayudas y subsidios entregados por este órgano, lo que representa una irregularidad en materia de transparencia. Asimismo, se destacó por parte de la ESFE que no se publicó el programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño ni los resultados.
En otra observación se destaca que se comprometieron 177 mil 480 pesos mediante la firma del contrato de prestación de servicios profesionales para el servicio de apoyo a la educación, pese a que carecía de autorización del Comité de Adquisiciones.
Durante el periodo fiscalizado se encontró que se hicieron erogaciones por consumos de alimentos y hospedajes por un total de 17 mil 252 pesos que no se apegaron a criterios de transparencia y austeridad en el ejercicio de recursos públicos.
Además, la DDH omitió supervisar el registro de las erogaciones por la cantidad de 24 mil 500 pesos, mismas que no presentan soporte documental que den evidencia del destino y manejo del gasto realizado.
También se señala al presidente de la DDH, Miguel Nava Alvarado, por haber omitido proporcionar al personal comisionado de la ESFE la documentación e información de las Actas de Órgano de Gobierno de la defensoría, pues la justificación para no entregar dicha información es que es información “confidencial”, sin embargo, tal disposición no es aplicable a auditores gubernamentales y representa motivo de sanción por parte de las autoridades competentes.
Del mismo modo se destaca que el ómbudsman queretano gastó 140 mil pesos en el pago de un asesor jurídico para la redacción, integración y promoción de tres acciones de inconstitucionalidad en contra de la Legis-latura del estado, sin embargo, el prestador de servicios omitió acreditar tener licenciatura en derecho.
Actualmente el titular de este órgano se encuentra en proceso de evaluación por parte del LVIII Legislatura de Querétaro, a fin de determinar si es reelecto en el cargo.
