Con la iniciativa de ley de Contabilidad Gubernamental, los 18 municipios de Querétaro estarán obligados a rendir cuentas sobre los gastos personales y el ejercicio de los recursos públicos, lo que evitará el “oscurantismo” que se ha vivido con las administraciones que se fueron, señaló el diputado federal, Ricardo Astudillo Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Manifestó que “más que amarrar las manos de los alcaldes, con está ley, se busca transparentar el manejo de los recursos públicos para que la sociedad realmente vea como se están ejerciendo”.

“Viene a realzar lo que tiene que ver con la transparencia, a ponerle ese carácter de obligación, para que todos los ciudadanos accedan a dicha información y tendrá que ser transparentado. Me parece que esto viene a transformar la vida de los próximos tres años en los municipios”, dijo.

La iniciativa de ley de Contabilidad Gubernamental, que ya fue aprobada por el Senado, obliga a los estados, a los congresos, a los municipios, así como a los poderes Ejecutivo y Legislativo federal a transparentar el uso de los recursos públicos.

Ricardo Astudillo explicó que uno de los puntos más importantes de la iniciativa, es que permitirá conocer la información precisa y puntual sobre las deudas de las administraciones, lo que evitará que cada tres años, que sale un gobierno, la ciudadanía se entere de las deudas que heredan.

Durante el año 2011, las administraciones de los 18 municipios de Querétaro tuvieron observaciones por anomalías que detectó la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE). San Juan del Río, por ejemplo, recibió 45 señalamientos, uno de ellos por haber utilizado recursos del Fondo de Infraestructura Municipal para el pago de nómina.

Corregidora enfrenta un presunto desvío por 90 millones de pesos; mientras que en El Marqués la entidad fiscalizadora detectó el pago de colegiaturas a un funcionario municipal y pago por más de 4 millones a 24 presuntos aviadores.

“No toleraremos irregularidades”

Mientras tanto, en el Congreso local, el presidente de la Comisión de Hacienda, Gerardo Sánchez Vázquez, aseguró que la 57 Legislatura no tolerará a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades y garantizó que se retomará, entre otros asuntos, el caso de la denuncia penal en contra del ex edil de San Juan del Río, Jorge Rivadeneyra y miembros de su gabinete, que aún está por desahogarse.

En agosto de 2010, el regidor síndico, Álvaro Rodríguez de la Vega, presentó una demanda en contra del ex presidente municipal panista, por uso indebido de recursos públicos que originó una presunta irregularidad en la contratación de la deuda pública con el Banco Interacciones, Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiera Interacciones por 135 millones.

“La ley se tiene que aplicar por igual. Hay asuntos pendientes desde hace dos administraciones (en San Juan del Río), pero también hay irregularidades en el reciente periodo de gobierno. La gente debe tener certeza de que se va a aplicar la ley por igual”, dijo.

Por su parte el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio León Hernández, dijo que la ESFE no tiene las facultades sancionadoras y al final son los propios órganos internos de los municipios los encargados de imponer las sanciones, por lo que es necesario modificar la forma de fiscalización.

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