El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH), Miguel Nava Alvarado, dijo tener confianza en la implementación del sistema de detención preventiva que ha puesto en marcha el municipio de Querétaro, por lo que aseguró que si los elementos encargados de esta vigilancia respetan la ley, no habrá violación de los derechos fundamentales de los detenidos.
Mientras los elementos policiales acaten lo establecido por el artículo 16 en la Constitución, no habrá afectaciones a los derechos humanos de los detenidos por la sanción interpuesta al dar positivo en el alcoholímetro, toda vez que se tiene como objetivo para este programa, detener a las personas que se encuentran bajo el influjo del alcohol y coadyuvar para que no se afecte a terceros.
En este sentido, el ómbudsman queretano comentó que, tanto en el municipio capitalino como en todo el país, se registra una gran cantidad de accidentes provocados por altas dosis de alcohol o inclusive otras sustancias más nocivas para la salud.
“Siempre y cuando los elementos de policía o los de inspección funden y motiven, conforme al artículo 16 de la Constitución su actuar, no se violan derechos humanos; lo que están haciendo es impulsar conductas preventivas a efecto de que no se provoquen accidentes que generen daños a terceros. Nos hemos dado cuenta que en hay una gran incidencia en este país de decesos de personas que no tenían que ver con los accidentes”, dijo.
Sin embargo, Nava afirmó que se mantendrán vigilantes de todas las acciones que se lleven a cabo por conducto de este programa, a fin de que no se presenten situaciones de abuso de poder por parte de los policías o inspectores que han realizado la detención de los conductores. Aunque cabe destacar, que la DDH trabaja luego de que se presenta una denuncia.
“Si esta autoridad [policía], con el pretexto de que detienen a personas que utilizan el alcohol y manejan generen un problema, estarían abusando de su trabajo. Entonces nosotros tendremos que intervenir, pero de entrada es un proyecto que ayuda a la ciudadanía”, destacó Nava.
Asimismo, el defensor en el estado reconoció que la instancia a su cargo no cuenta con la facultad correspondiente para intervenir en los casos específicos, toda vez que el artículo 21 de la Constitución señala que estas situaciones tienen que estar encabezadas ya sea por las autoridades municipales, estatales o federales.
“Primeramente, la Defensoría tiene confianza en las autoridades municipales no tenemos competencia para participar directamente, pero quien si tiene competencia está haciendo un operativo y es el municipio de Querétaro, en funciones de proteger derechos fundamentales. Por ejemplo en el artículo 21 de la constitución, en el párrafo noveno se nos explica que la seguridad estará a cargo de los municipios, lo estados y la federación, ese es un esquema de seguridad”.
Dijo estar seguro que este nuevo operativo va ayudar a prevenir y de alguna manera a evitar que aumenten los números “de estas situaciones consideradas como delito”.
El ómbudsman dijo que, ante un caso comprobado, será importante que la autoridad administrativa proceda.
