Mauricio Kuri González y Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que garanticen y amplíen el apoyo presupuestal en favor de las instituciones de educación superior de los estados.
La propuesta de los senadores queretanos consiste, en que el presupuesto en materia educativa para cubrir los ramos administrativos 11, 25, 33 y 42 para 20l7 fue de 694 mil 221 millones de pesos, mientras que para atender los mismos conceptos, en el presupuesto de egresos 2018 se destinó una asignación de 717 mil 600.1 millones de pesos.
Dichas cantidades representan una diferencia de 23 mil 379 millones de pesos lo que significó un decremento real de 1.4 por ciento con relación al gasto aprobado para el ejercicio anterior y que se reflejó con una disminución del 1.8 por ciento en las asignaciones al ramo 11 Educación Pública, un decremento del 2.2 por ciento en el presupuesto otorgado al ramo 25 Previsiones Salariales y Económicas y un retroceso del 0.3 por ciento en los recursos que atañen a las aportaciones federales para entidades federativas y municipios del ramo 33.
En este mismo tenor, solicitan que con los recursos del ramo 11 del presupuesto de egresos, se atienda la administración, el gasto corriente y la asignación a las representaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los estados. El presupuesto previsto para este ramo en el ejercicio 2018, fue de 275 mil 443.3 millones de pesos; superior en 7 mil 788.1 millones de pesos, lo cual significó un decremento real del 1.8 por ciento, con relación al de 2017.
“La cancelación de diversos avances en temas educativos es un antecedente nocivo que indica claramente que el nuevo gobierno no tiene un compromiso con la calidad educativa. Resulta imprescindible que se garantice a la sociedad que no solo no habrá un recorte presupuestal, sino un incremento al sistema público de educación superior”: sentenció Kuri González.
En relación al presupuesto destinado a la educación, el artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos y es que el monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país.
“No obstante lo anterior, resulta evidente que en el Ejercicio 2018 y anteriores, no se cumplió con dicha normatividad y que en materia de presupuesto educativo estamos muy lejos de alcanzar el mínimo legal establecido”, acotó Kuri González.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),en el documento denominado Visión y acción 2030, Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México, explica que los programas y fondos de financiamiento por concurso que con carácter extraordinario se asignan a las universidades, han permitido a las instituciones realizar proyectos académicos y de reordenamiento institucional que no se habrían podido llevar a cabo con el subsidio ordinario, cuyos recursos están comprometidos en su mayor parte al pago de salarios y prestaciones del personal universitario. Los fondos extraordinarios consisten entonces, en recursos adicionales a los presupuestos anuales, que durante las pasadas décadas han servido de apoyo para la operación de las universidades. Sin embargo, en los anteriores tres años esos recursos han sido reducidos drásticamente.
Por lo tanto, la ANUIES argumenta la necesidad de un incremento de por lo menos el 3.5 por ciento en términos reales, al subsidio federal en favor de las universidades públicas para el ejercicio 2019. En el punto de acuerdo los senadores señalan que resulta evidente no solo la necesidad sino la importancia de que se apoye presupuestalmente a las instituciones de educación superior, tomando en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional, así como el de incentivar y garantizar el derecho a la educación superior de las y los mexicanos, lograr un mayor desarrollo personal y mejorar sus expectativas profesionales, sociales y económicas.
