La diputada Abigail Arredondo presentó la iniciativa de ley para crear un protocolo de actuación ante la violencia contra la mujer, esquema al que tendrían que sumarse todas las dependencias tanto estatales como municipales.

La necesidad de contar con un protocolo único abona a que no ocurran casos similares al de Nancy Guadalupe, y la presentación de la iniciativa se respalda en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que colocó a Querétaro en el quinto lugar nacional respecto a lesiones dolosas en contra de mujeres.

Lo anterior porque de enero a mayo del año en curso, se reportaron 238 casos de abuso sexual, 75 de acoso, 148 de violación simple, mil 27 lesiones dolosas en agravio de las mujeres, un feminicidio, 76 homicidios dolosos y mil 10 reportes de violencia familiar.

De acuerdo al Instituto Queretano de las Mujeres, continuó, el 30% de las mujeres que reportaron violencia en ese periodo tenía entre 21 y 30 años de edad; 28 % de los casos de violencia se cometieron contra infantes y jóvenes; siete de cada 10 casos de violencia se efectuaron en el ámbito familiar, con 55.7 %, y la violencia física fue la más recurrente, mientras que la sexual se presentó en tres de cada 10 casos.

Ahondó que en esos primeros cinco meses del año se reportaron mil 663 casos de violencia, 510 contra mujeres de 21 a 30 años de edad, 344 contra jóvenes de 11 a 20 y 121 contra infantes de cero a 10 años.

De los casos reportados, mil 307 registraron violencia familiar, 927 física y 512 sexual.

Querétaro se ubicó como el municipio con más cantidad de casos, con mil 64 lo que, consideró, se debe a que es el más poblado.

Las cifras preocupan aún más al tomar en cuenta que de acuerdo con la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, únicamente recurren a las instancias gubernamentales cuatro de cada 10 mujeres que sufren violencia

La baja incidencia se debe a que las afectadas saben que no obtendrán ayuda, de ahí que con el protocolo se sancionaría a los funcionarios que no les brinden la atención debida.

El protocolo estaría a cargo del Instituto Queretano de la Mujer, tendría presupuesto y no cumplirlo sería falta administrativa.

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