Las reformas al Código Penal del Estado de Querétaro, que fueron aprobadas el pasado 30 de abril, aún no son publicadas porque se hicieron algunas observaciones, por lo que la propuesta deberá regresar al Poder Legislativo, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Con motivo de la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo formuló una iniciativa de ley, para reformar el Código Penal, para establecer penas específicas a quien agreda a personal de salud, pero también para encarcelar a quien incumpla con el uso de cubreboca, así como a los pacientes sospechosos o confirmados de Covid que incumplan el aislamiento..

“Un pedacito (sí lo vamos a vetar), se queda todo igual, sólo una parte de la Ley no”, expresó el mandatario queretano.

Dentro de las propuestas se aprobó el poder procesar a quienes “obstaculicen” obras de infraestructura de los gobiernos.

Esta última propuesta, y algunas de las medidas sancionatorias por la pandemia, fueron reclamadas por legisladores de Morena, así como asociaciones civiles y pro derechos humanos, pues abrían la puerta a la criminalización de la protesta.

Las modificaciones estipulaban tipificar los “delitos de riesgo de contagio o apología de conductas delictivas, omisión de auxilio, de discriminación, de extorsión, de incitación o apología de conductas delictivas, de quebrantamiento de aislamiento obligatorio, de rehusar la prestación de un servicio obligatorio y desobediencia de mandato legítimo de autoridad”.

Sin embargo, aún no se recibe el veto que el gobernador realizó contra la reforma a la Ley de Seguridad y, tras la decisión del Ejecutivo estatal, pasará nuevamente por todo el trámite legislativo, detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista Miguel Ángel Torres Olguín.

“Sí sabemos que hay observaciones a esa reforma, desde el punto de vista del orden legislativo se conoce como veto. No hemos recibido las observaciones de manera oficial, en los próximos días las vamos a saber”, dijo.

Una vez que se emitió el veto a la legislatura, será responsabilidad de la Mesa Directiva regresar el documento a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para que sus integrantes analicen, discutan y, en su caso, aprueben un nuevo proyecto de dictamen.

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