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Son 163 personas las que cometieron algún tipo de violencia política en razón de género durante el último año, como Jorge Salazar Marchan, José Alejandro Ochoa Valencia, Martín Jiménez Ramos y Rubén Sánchez.
El nombre de esos cuatro políticos se encuentra dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del Instituto Nacional Electoral (INE).
Según el organismo electoral, aparecer en el padrón implica que no podrán ocupar un cargo de representación popular por el tiempo que les haya sido marcado en la sentencia.
Ochoa Valencia era presidente municipal de Colón y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) determinó incluirlo en el registro tras considerar que cometió violencia política con uno de sus pares.
Su nombre deberá permanecer en el registro hasta el 6 de noviembre de 2024, periodo en el cual se verá impedido para ocupar algún cargo de elección popular.
Martín Jiménez Ramos era candidato por Morena a la alcaldía de Tolimán y, según la sentencia, deberá permanecer en el registro hasta el 8 de diciembre de 2025, luego de que el TEEQ determinó que cometió violencia contra de una de las candidatas opositoras.
Salazar Marchan, comisionado político del Partido del Trabajo (PT), tenía una relación jerárquica hacia la persona agredida; los hechos se reportaron en San Juan del Río y obligan a que permanezca en el registro hasta el 22 de julio de 2024.
Lugo Sánchez, coordinador de la Comisión Coordinadora del PT en San Juan del Río, deberá permanecer en el registro hasta el 22 de julio de 2024, tras determinarse que agredió a una de sus pares.
