Creció 11% la cifra de denuncias por corrupción que atendió la fiscalía especializada en el tema en el estado de Querétaro; esto, en el periodo comprendido de marzo de 2019 a febrero de 2020, de acuerdo con el fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar.

Los datos los proporcionó dentro del tercer informe de actividades que presentó ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 59 Legislatura local, evento que duró menos de ocho minutos y concluyó sin sesión de preguntas y respuestas.

Vargas Salazar dio a conocer que por denuncias se atendieron 45 reportes que involucraron, entre otros, desempeño irregular de funciones públicas, cohecho, enriquecimiento y negociaciones ilícitos, peculado, desempeño indebido, delitos contra la administración de justicia y operaciones con recursos de procedencia ilegal.

A través de 18 expedientes judicializados, se vinculó a proceso a 21 personas, lo que permitió la reparación de un millón 827 mil pesos a favor de las víctimas.

“Obviamente hay procesos en trámite. En promedio, una de cada tres carpetas de investigación son judicializadas, lo que demuestra el compromiso para combatir la impunidad”, aseguró.

Además de la recuperación de recursos, se generaron tres fallos condenatarios contra servidores públicos acusados de desempeño indebido y peculado.

En esos tres fallos se lograron interponer penas de dos a cinco años de prisión, además de que en todos los casos fue posible sumar a las penas la inhabilitación para desempeñar un cargo público.

Asimismo, dijo que fue posible conseguir la suspensión condicional del procedimiento penal en contra de 14 personas.

“Cada año se obtienen sentencias condenatorias para quien comete delitos de corrupción.

“Se aplicó la Ley para 14 personas al decretar la suspensión condicional del procedimiento penal; los jueces impusieron obligaciones procesales, que fueron cumplidas en su totalidad por los imputados y supervisadas por la unidad de Medidas Cautelares”, subrayó.

Durante el año se investigó la situación contable y financiera de 33 personas morales, y durante el mismo periodo fue posible dictar los 579 actos de investigación que fueron dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sistema de Administración Tributaria (SAT), dependencias federales, estatales, municipales, particulares y fedatarios públicos.

La policía anticorrupción, destacó, pudo lograr una eficiencia en el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales de 96 %, esto al señalar que durante el periodo concretó 543 actos de análisis de información.

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