El Congreso de Querétaro aprobó, con 24 votos a favor y uno en contra, imponer sanciones de tres a cinco años de prisión a quien agreda al personal médico,

Entre las modificaciones a la reforma al Código Penal del Estado de Querétaro se autorizó agregar la fracción 7 al artículo 131, para sancionar a quien agreda a personal médico de instituciones públicas o privadas, a personal de emergencia, seguridad pública, Protección Civil, o bomberos.

Se autorizó una reforma al artículo 293, para establecer que “Al que cometa un delito en contra de un servidor público en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, cuando se tenga conocimiento de esa circunstancia, se le aplicarán de tres a cinco años de prisión y hasta seis meses de trabajo a favor de la comunidad, además de la que le corresponda por el delito cometido”.

Se establecen de 2 a 5 años de prisión, de 10 a 120 UMAS de multa, a quien quebrante la prohibición de residir en una circunscripción territorial determinada. De  2 a 5 años de prisión, o hasta 500 UMA de multa, contra quienes no acaten la prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada.

Se aprobó imponer sanciones de 3 a 5 años de prisión, y de hasta 200 UMAS contra quien, con actos materiales, busque impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, dispuestos por la autoridad competente con los requisitos legales o con su autorización.

Cuando ese delito se cometa por varias personas, la sanción será de 4 a 6 años de prisión, hasta un año de trabajo a favor de la comunidad y de 300 a 500 UMA de multa. En caso de violencia, las penas se aumentarán hasta en una mitad más.

En la modificación también se sanciona convocar a saqueos, romper las restricciones implementadas por violencia familiar, omitir brindar ayuda, romper la cuarentena a sabiendas que se tiene Covid-19, y por tanto, poner en riesgo a una o más personas, ya sea por contacto o por relaciones sexuales, cuando el o los afectados, desconozcan de dicha vulnerabilidad.

Los morenistas Paloma Arce y Néstor Domínguez se dijeron a favor de las sanciones contra quienes agredan al personal médico, pero preocupados por el incremento de las penas. Néstor Domínguez resaltó que debe informarse a la gente respecto a la necesidad de acatar las restricciones, sobre todo porque se trata de medidas que no únicamente  se aplicarán durante este periodo.

Valoró se infundirá miedo y podrían aplicarse de manera injustificada sanciones, entre ellas la de la oposición a obras autorizadas por gobierno.

La diputada por PES estimó que se podría atentar contra el libre tránsito y organización, faltas que se continuarían aplicando aún después de la contingencia.

Se rechazó, con 15 votos, una reserva para no votar las modificaciones restrictivas contempladas a los artículos 298 217 286 287 289 290 299 y 300 del Código Penal.

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