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Tras la protesta de al menos 10 organizaciones feministas, el pleno de la 58 Legislatura optó por detener las reformas a los artículos 201 y 253 del Código de Procedimientos Civiles, considerando que solicitar por escrito las medidas de protección para mujeres y niñas en riesgo de violencia sería un retroceso para el acceso a la justicia.
La ley que presentó la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Marisela Sandoval y que fue aprobada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pretendía que las mujeres víctimas de una situación de violencia presentaran una solicitud de protección por escrito, cuando actualmente se hace de manera verbal.
Maricruz Ocampo Guerrero, representante del Comité de Activación de la Alerta de Género en Querétaro, aseguró que la iniciativa complicaría el acceso a la justicia por parte de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, toda vez que se necesitaría la asistencia legal de un abogado; esto, representaría retrasar los procesos y encarecer la defensa de las víctimas.
Además, consideró que sería lamentable que en una legislatura que destaca por tener mayoría de mujeres se aprobara una reforma con estas repercusiones.
“Consideramos que es obligación de los poderes del estado garantizar el acceso a la justicia, para lo que deben contar con el personal adecuado y el presupuesto suficiente; no buscar solucionar por decreto las deficiencias que deben solventarse con recursos, personal y capacitación”, sostuvo.
Previo al inicio formal de la sesión de pleno de ayer, la diputada Leticia Mercado Herrera (PRI) solicitó bajar del orden del día dicha modificación, toda vez que atenta contra las disposiciones que se defienden en las leyes estatal y general de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia.
Destacó que las medidas cautelares y providencias precautorias que se les brindan a las mujeres víctimas de violencia representan mecanismos importantes para garantizar el acceso a la justicia y el efectivo respeto de los derechos.
“Eliminar la posibilidad de que sean solicitadas de manera verbal es un retroceso para la protección de los derechos humanos de las víctimas y vulnera el principio de inmediatez, para que pueda garantizar una justicia pronta y expedita. Como legisladores debemos impulsar mecanismos legales que agilicen los procesos y representen un avance en los derechos humanos, no un retroceso”, indicó.
El diputado presidente de la comisión que aprobó la iniciativa, Antonio Rangel Méndez, defendió el proyecto, al señalar que establece que la solicitud deberá ser por escrito, siempre y cuando no se trate de violencia física o sexual; además se indica que el juez puede valorar interponer medidas de defensa.
El PAN está a favor de los derechos de las mujeres, dijo, por lo cual no se apoyaría ninguna iniciativa que transgreda los derechos de este sector: “De ninguna manera se dejan desprotegidas, se está solicitando una formalidad para hacer un procedimiento mucho más puntual dentro del Tribunal”.
La iniciativa regresará a la Comisión de Justicia para volver a ser analizada.
