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La eliminación del fuero atiende a un reclamo social y dará “pase automático” a la aplicación de la ley sin privilegios, pero falta revisar si se puede aplicar a las autoridades actualmente en funciones, consideró el presidente del Colegio de Abogados Litigantes, Calixto de Santiago Silva.
Aunque la ley no podrá ser retroactiva, puntualizó que lo importante será leer “la letra chiquita” de la reforma que eliminaría el juicio de procedencia para actuar contra los servidores públicos del estado.
Consideró que el verdadero reto para los diputados locales son los términos en los que se eliminará y aplicará esta reforma, pero la decisión que se tomó en la Comisión de Puntos Constitucionales del Poder Legislativo estatal es, por sí misma, un avance en materia de justicia y en la aplicación de la ley de manera igualitaria.
Reconoció que ya no hay necesidad de que exista el fuero en el país ni en el estado. La figura se creó hace tiempo con la finalidad de que el ejercicio público tuviera la posibilidad de contar con pesos y contrapesos, para dar la oportunidad a las personas de hacer valer sus opiniones.
“Algunas personas habían hecho del fuero una posibilidad jurídica de no comparecer ante autoridades del orden civil, para mantener un estatus jurídico diferenciado al común de la sociedad y no en relación a sus expresiones de orden ideológico o político, que pudieran ser contrarias al presidencialismo absoluto que antes existía”, expresó.
La eliminación del fuero atiende a un razonamiento social, dijo, porque a la gente le molesta que las autoridades no cumplan su deber con honestidad: “A la sociedad le molesta que los políticos no cumplan con la perspectiva del trabajo y aparte deban ir por el desafuero para poderlos sentar en el banquillo de los acusados, es un reclamo social”.
Puntualizó que este será un hito histórico para Querétaro, pero faltará leer “la letra chiquita” de la reforma, con el fin de garantizar que se aplique de manera inmediata para quienes hoy ocupan cargos protegidos por el fuero.
Dijo que será una de las mejores maneras para avanzar hacia un estado con justicia igual para todos y acabar con los abusos, además que facilita los trabajos para exigir que se actúe contra un servidor público.
“Tendríamos que ver cómo viene la letra chiquita de la gaceta parlamentaria, algunas personas habían hecho del fuero una posibilidad jurídica de no comparecer ante autoridades del orden civil”, reiteró.
El proceso que debe seguirse para este tipo de casos, bajo la ley actual, hace que pase demasiado tiempo para resolver los juicios de procedencia, que son necesarios para quitar el fuero a un servidor público.
Como ejemplo, la Comisión Instructora de la LVIII Legislatura local recibió aproximadamente diez solicitudes de este tipo, pero todas quedaron sin efecto porque las personas señaladas ya no tenían los cargos públicos que ostentaban.
Entre los casos más recientes, se encuentra la solicitud de juicio político para la presidenta municipal de Peñamiller, Margarita Hernández, que se hizo llegar a la Comisión Instructora del poder legislativo.
El presidente de esa comisión, Mauricio Ortiz Proal, reconoció en días pasados que es necesario acelerar la manera en la que se resuelven los procedimientos.
La semana pasada, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la eliminación de los juicios de procedencia, con lo que se elimina el fuero a los servidores públicos, al avalar una reforma al artículo 38 de la Constitución del estado.
La reforma todavía tendrá que pasar por el pleno de la LVIII Legislatura; de concretarse Querétaro se convertiría en la segunda entidad del país en tomar esta decisión.
