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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizará un análisis de la reforma a la Ley de los Trabajadores de Querétaro, en coordinación con los diversos sindicatos, para evitar que se agredan los derechos laborales, aseguró su dirigente estatal, Juan José Ruiz Rodríguez, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como inconstitucional el segundo párrafo del artículo 133 de dicho documento.
En diciembre 2015 la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) promovió la modificación; sin embargo, sus homólogos priístas impulsaron una acción de inconstitucionalidad, misma que fue ratificada por la autoridad federal, quien determinó que queda sin efectos tal párrafo.
El presidente del Comité Directivo Estatal se dijo consciente de la afectación económica que se tiene por el pago de pensiones, pero afirmó que su partido no permitirá que se violen los derechos de los trabajadores
Exhortó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso a que se sumen al análisis de una nueva modificación legal, en la que se respeten las garantías de los trabajadores en todas las dependencias estatales.
“No vamos a permitir el intento de violación de derechos por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, en aquellos días de diciembre […] Hacemos un llamado a Acción Nacional para que se plantee una nueva forma de trabajo en torno a esta reforma y que podamos generar una nueva propuesta, para que no violemos los derechos adquiridos por toda esa gente que ha entregado su vida al servicio público”.
Aseguró que el gobierno en turno debe hacerse cargo de las problemáticas que conlleva una administración pública, no sólo de los temas “amables”, esto al referir que cada trabajador tiene derecho a recibir una pensión, con independencia de los lugares en los que haya laborado, pues “el único patrón es el estado”.
Mauricio Ortiz Proal, coordinador del grupo parlamentario del PRI ante el Poder Legislativo, destacó que buscarán el consenso con todas las fuerzas políticas del Congreso, para hacer modificaciones puntuales en la ley, a fin de que se incluya el respeto a la antigüedad y a los contratos colectivos.
