Más Información
El tema de matrimonios igualitarios se sigue discutiendo en las mesas de la 57 Legislatura, y hasta ahora no han tenido una resolución sobre si se modificará la ley o no. Mientras tanto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia , Carlos Manuel Septién Olivares, consideró que se debe tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, ya que en los registros sólo se han efectuado un par de matrimonios de esta naturaleza.
“Si somos objetivos, a lo largo de los años, a través de los medios hemos visto únicamente la aceptación de dos uniones, entonces no es tanto el número. Es un momento muy propicio para analizar en academias y sectores sociales las políticas que abran los foros para que opine la sociedad”, reflexionó el magistrado presidente.
Mencionó que se tendrán que revisar los aspectos referentes al estatus y al código de la familia, para determinar los puntos que se deberán cambiar en la ley, o bien, si se queda tal como está.
Aseveró que es un tema difícil de conciliar, ya que se tienen que ver diferentes opiniones, de diferentes actores en este tema, por lo que insistió a los legisladores llevar a cabo una consulta popular.
“Además, es una cuestión muy interesante que se ha planteado en diferentes sectores para todos los políticos, el estatus de la familia y el código de la familia, entonces es necesario que vean que tendrá que modificarse en ese esquema, y si es necesario o no sacar un nuevo código familiar por primera vez”, opinó Septién Olivares.
Recalcó que la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no determina intención alguna para que los Congresos de los estados modifiquen sus legislaciones, únicamente lo que está señalando es, solamente declaró inconstitucionales las leyes que nieguen el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
“Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido para generalizar un criterio general para todos los tribunales federales en cada una de las entidades federativas, esto da pauta a que cada estado, por medio de las Legislaturas de los representantes populares, tengan que realizar el ejercicio correspondiente dándole oído a cada uno de los actores que están involucrados”, consideró.
Puntualizó que la opinión de todos los afectados con esta ley deberá ser escuchada, no sólo de parte de la Iglesia, sino de las personas que quieran hacer uso de este recurso, como de los derechos humanos y de otros actores que involucra este tema, con la finalidad de poder lograr completar un ejercicio democrático que beneficie a todos.
“Lo que hay que hacer es un ejercicio democrático al interior de los cuerpos colegiados de las Legislaturas, hacer un ejercicio plural con el objetivo de analizar la viabilidad de modificar el código civil”, exhortó Septién Olivares.
De acuerdo con el principio de relatividad, cada una de las personas interesadas tendría que acudir a un juez federal para que éste le ponga en amparo en base el criterio que maneja la Suprema Corte de Justicia.
