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Los usos y costumbres de las comunidades indígenas que no permiten que las mujeres se postulen como candidatas, se involucren en la política o formen parte de un ayuntamiento, es la principal forma de violación a los derechos humanos de los indígenas, y forman parte de la violencia política hacia mujeres de estas comunidades, señaló el magistrado Enrique Figueroa Ávila, durante la conferencia Derecho Electoral Indígena, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Enrique Figueroa Ávila, magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) refirió que en 2017 se resolvieron alrededor de 600 conflictos indígenas relacionados a sus sistemas normativos internos. La Sala Regional Xalapa abarca los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quitana Roo, Chiapas y Oaxaca.
Aunque no precisó cuántas denuncias de este tipo se reciben al año, Figeroa Ávila detalló que las denuncias de indígenas que ven violentados sus derechos van en aumento, no por malas conductas de las autoridades o por cuestiones de sus sistemas internos normativos, sino porque ahora saben que existen lugares en donde pueden hacer valer sus derechos.
A pesar de que son muchas las normativas indígenas que prohíben la participación de las mujeres en la política, gran parte de los conflictos de estas comunidades se deben a que las autoridades municipales no respetan sus usos y costumbres.
“Los pueblos y mujeres indígenas ya saben que existen mecanismos para denunciar estas problemáticas, y eso está saliendo a la luz, están denunciando más”.
Comentó que los miembros de comunidades indígenas de Querétaro que se vean inmersos en alguna violación de sus derechos electorales, pueden acudir al instituto electoral local para recibir asesoría, y en caso de ser necesario derivar sus casos a otra instancia de nivel federal.
