Gerardo Sánchez Vázquez, legislador local, opinó que la reforma energética tendrá beneficios palpables como evitar el incremento de los combustibles, sin embargo, aseguró que el precio se estabilizarán a mediano y largo plazo.
“Son beneficios que veremos a mediano y largo plazo. Considero que veremos resultados de la reforma a partir de los siguientes cuatro o cinco años, en mi particular punto de vista”, dijo.
Sánchez Vázquez aseguró que la propuesta de reforma energética fue analizada días antes de su aprobación en la Legislatura, descartando un acuerdo al “vapor” en torno a la misma.
“La ratificación de la reforma energética en diversos puntos fue aprobada con 23 votos a favor y dos en contra. Fue un proceso rápido, pero influye mucho que en el Congreso de la Unión se haya aprobado en la madrugada y que nosotros la aprobáramos de inmediato, pero con antelación se analizó esta propuesta”, aseguró.
Además, detalló que semanas anteriores los diputados locales conocieron las propuestas iniciales de la reforma energética y posteriormente las modificaciones por lo que contaban con antecedentes suficientes para aprobar rápidamente la propuesta.
En opinión del diputado local, era necesario generar una reforma energética porque actualmente la explotación de los recursos naturales requería de la inversión privada y que requiere además de modernización que sólo el capital privado puede aportar.
“Esta reforma energética no significa que se vendan los recursos naturales a la iniciativa privada y las futuras generaciones van a ver los resultados, tendremos hidrocarburos que no seguirán incrementando”, consideró.
Agregó que los legisladores estaban interesados prioritariamente en desahogar puntos trascendentales para el desarrollo de la entidad a partir de 2014, como es el caso de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno estatal.
“Era muy importante aprobar el presupuesto porque se privilegian tres rubros que tienen que ver con educación, salud y seguridad pública”, reveló.
También se aprobó la construcción de la infraestructura estatal para los juicios orales, necesaria para 2014 a fin de contar con instrumentos necesarios y aplicar el nuevo sistema penal acusatorio en 2015.
