Declararán bienes en Corregidora

Política 17/10/2012 01:16 Actualizada 07:45

Un plazo de 60 días naturales tienen los funcionarios públicos de primer nivel en el municipio de Corregidora —tanto salientes como entrantes— para presentar su manifestación anual de bienes 2012, la cuál cada año es realizada con la finalidad de que no exista un enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos de la región.

El contralor municipal del ayuntamiento, Julián Martínez Ortiz, comentó que hasta el 16 de octubre, son 158 personas que ya realizaron su manifestación, un cifra que representa 27.5% de la totalidad del padrón registrado en la contraloría, el cuál es de 574 sujetos públicos.

Informó que de 574 servidores, 23 de estos —entre secretarios de las dependencias, regidores y el presidente municipal Antonio Zapata—, tendrán que hacer su declaración inicial, además de los 42 funcionarios salientes entre ellos el ex edil Carmelo Mendieta.

“Todos los funcionarios estamos obligados a presentar la manifestación de bienes en el mes de octubre. En otro caso la otra parte de los funcionarios que salieron y los que entraron. Tenemos 60 días naturales para hacerla. Esto dependiendo sí fueron dados de baja al inicio de la entrega-recepción, entonces es a partir de la fecha de removimiento, y en el caso de los entrantes, a partir de la entrega constitucional”.

Martínez Ortiz, informó que en caso de los funcionarios que realicen su declaración final, estos deberán de manifestar lo que hayan adquirido posterior a su declaración anual 2011, registrando todos los cambios en cuanto a la obtención de patrimonio.

En caso de los funcionarios que ingresaron, tendrán la obligación de reportar todos los bienes que tengan casas, vehículos, joyas, si tienen alguna convención y todo aquello que les genere ingresos.

“Las personas que no presentan manifestación o la presentan de manera extemporánea son acreedoras a una sanción pecuniaria, equivalente de 15 días o seis meses de su salario base presupuestal”.

Comentó que previo a ser sancionados, los servidores públicos que fueron omisos en presentar su declaración se les manda a llamar, a fin de realizarles una audiencia.