Denuncian a Anaya por presunto enriquecimiento ilícito

Consenso Ciudadano por Querétaro acusa al líder del PAN
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PAN, Fiscalía Anticorrupción, Anaya, Consenso Ciudadano, Querétaro,
Foto: Especial
12/10/2017
01:57
Domingo Valdez
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La organización Consenso Ciudadano por Querétaro denunció ante la Fiscalía Anticorrupción del estado al líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, por presunto enriquecimiento ilícito.

Por la mañana del miércoles, Alejandro Olvera, Jenny Hernández y Arturo Rueda Zamora, en conferencia de prensa, anunciaron que denunciarían a Anaya Cortés por presuntos actos enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, Rueda Zamora fue más allá, y pidió que se investigue a sus principales socios y accionistas, así como a sus familiares cercanos, “porque el enriquecimiento no corresponde al ingreso que han tenido, fiscal y bancarizado”.

Por su parte, Olvera recordó que Anaya Cortés ha dicho que toda su riqueza es previa a su época de funcionario público, pero dijo tener datos de una operación realizada en mayo de 2014, donde la empresa Uniserra, una de las empresas vinculadas al dirigente panista, adquiere un inmueble, con un valor superior a los 10 millones de pesos.

“Si lo números no nos fallan, ya es cuando Anaya ya es funcionario público. Las fechas no mienten, Aquí hay una situación de incongruencia en las declaraciones de Anaya, con lo que está en el Registro Público de la Propiedad en el estado. Las operaciones están ahí, en el Registro Público”, subrayó.

Reiteró que la organización no afirma que hay actos de corrupción, pero si creen que la sociedad tiene el derecho a saber y que se deslinden responsabilidades. “De hecho, la denuncia se presenta versus Ricardo Anaya y otros, quien resulte (responsable)”, enfatizó.

A través de un comunicado leído en la rueda de prensa, se indicó que “estamos seguros que ante la duda lo más sano para la sociedad es la transparencia de los hechos en las instancias correspondientes, dejando de lado la especulación y la guerra de declaraciones.

A su vez, Olvera precisó que la denuncia, de nueve hojas, donde documentaron las sociedades civiles constituidas por Anaya Cortés, así como las propiedades y las operaciones que ha hecho en el Registro Público de la Propiedad.

Subrayó que en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción se tienen contempladas 15 propiedades, mientras que Rueda Zamora explicó que los valores de las propiedades son los fiscales que se tenían al momento de pagar el impuesto de traslado de dominio, pues los valores comerciales son muy superiores.

Olvera explicó que hay propiedades de 53 millones de pesos, otras de 10 millones, cantidades que calificó de “exorbitantes”.

“Un detalle muy curioso que hay por ahí es que uno de los socios, el que adquiere el predio de los 53 millones de pesos, investigando también, su solvencia económica no te da para eso. El señor tiene un carro, un Corsar 87, y se compra un predio de 53 millones en un día, pues, como que algo raro puede haber. Es algo que le pedimos a la Fiscalía, que si hay algo raro, que lo investigue, nada más”, enfatizó.

Rueda Zamora subrayó que la familia de Anaya Cortés goza de un “altísimo” nivel de vida, tanto dentro como fuera de México, “no son justificables sus gastos, frente a sus ingresos. Tienen más egresos que ingresos. Además, exigimos en mayor escrutinio público a cualquier persona que presida un partido político a nivel nacional, y más cuando aspire a ocupar el honroso cargo de presidente de la República”, enfatizó.

Rueda Zamora agregó que de comprobarse el origen ilícito de los capitales en la investigación, o que se obtuvieron con tráfico de influencias, este tipo de conductas delictivas, la actual legislación permite decomisar los bienes que no puedan demostrar cómo los adquirieron, o cómo se ganó legalmente el recurso.

De demostrarse estos hechos en una investigación que haga el fiscal anticorrupción, deberán de decomisarse estos bienes, porque no tendría sentido que se tuviera por acreditado, en un momento, una responsabilidad delictiva de un funcionario público, que se hubiera enriquecido ilícitamente, y que no se pudieran decomisar estos bienes, para que el pueblo pueda ser restituido de cualquier saqueo, puntualizó.

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