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Con el fin de generar espacios de difusión, producción y capacitación en materia electoral, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) signó un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), de forma que, de cara a la fiesta democrática del próximo 7 de junio, se celebró este fin de semana el seminario Impartición de Justicia Electoral y Derechos Humanos.
Durante la ceremonia, fue Gilberto Herrera Ruiz, quien se desempeña como rector de la máxima casa de estudios quien agradeció la cercanía de las autoridades electorales y resaltó la importancia de crear una cultura política y democrática desde los espacios universitarios “para que pueda replicarse en otros ámbitos de la sociedad”.
María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y quien impartió la primer conferencia del seminario aseveró que estas actividades son necesarias para que la sociedad y la comunidad académica estén al tanto de lo que sucede en la esfera política, jurídica y electoral y mencionó que es esencial desarrollar foros de esta índole para contribuir con la formación y especialización de jóvenes estudiantes de la materia.
Por su parte, fue la magistrada presidenta del TEEQ, Gabriela Nieto Castillo, quien explicó que el seminario fue un espacio de reflexión e intercambio de ideas en torno al Derecho Electoral y a los Derechos Humanos, y que “la relación que tiene el Tribunal con esta casa de estudios abona a la consolidación y difusión de la cultura jurídica en Querétaro”.
A modo de breviario, fue el pasado 20 de enero cuando las 10 fuerzas políticas del estado firmaron un acuerdo con la UAQ para que los candidatos locales que resulten ganadores en la próxima contienda apliquen el Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción desarrollado por esta casa de estudios.
En este sentido, quedó certificado que, por lo menos durante 12 meses, la universidad hará un acompañamiento para que los partidos políticos apliquen 10 indicadores a fin de prevenir acciones de corrupción, después se aplicará una encuesta a mil 500 personas para evaluar si su percepción respecto a las instituciones cambio.
Con esto se prevé aumentar la población que ejerce su derecho al voto. Sin embargo, indicó que los partidos no están obligados a mantener su compromiso después del proceso electoral para que el modelo se aplique a las instancias que aspiraban.
