Querétaro se convirtió en la octava entidad del país en aprobar la reforma educativa —Colima la ratificó ayer mismo, pero más tar- de— con 22 votos a favor, dos abstenciones y una ausencia.
La 57 Legislatura local avaló la reforma que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, porpuestas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Dos diputados locales por el Partido Nueva Alianza (Panal), Juan Alvarado y Jesús Galván, se abstuvieron en la votación, pues consideraron que hace falta mayor análisis para dar cauce a estas modificaciones.
Mientras que el tercer legislador del Panal, David Dorantes, no se presentó a la Sesión de Pleno.
Juan Alvarado Navarrete, coordinador de la bancada de Nueva Alianza, puntualizó que la evaluación docente que se prevé en la reforma educativa, sólo condiciona la permanencia de los maestros en lugar de motivar su crecimiento profesional y humano.
“Consideramos que esta reforma es de suma importancia para México. Sin embargo, es necesario un mayor análisis sobre el tema que no ha prevalecido, ya que es notorio que esta reforma ha sido desarrollada con celeridad; es un tema tan complejo para nuestro país”, manifestó.
De igual forma el legislador comentó que es necesario que “todas las voces sean escuchadas”, por lo que afirmó que desde su trinchera realizarán los trabajos necesarios para que el tema de la educación pública esté en constante revisión y mejora.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Braulio Guerra Urbiola, afirmó que sería “respetuoso de la decisión del Panal”; sin embargo, puntualizó que la reforma no representa cambios ideológicos.
“No es una reforma de contenidos ideológicos porque esos ya se plasmaron desde 1917. Es una reforma que sistematiza, da datos y crea dependencias como el instituto nacional de evaluación. Hay un gran consenso ciudadano y social frente a este apartado que modifica la constitución”, expresó Guerra Urbiola.
En la minuta turnada al Congreso local se establece que la reforma está constituida por dos ejes principales: “los cuales reflejan sendas modificaciones al artículo 3 de la Constitución Política”, explicó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
En primer sentido, se establece la creación del Servicio Profesional Docente, de forma que el ingreso del personal, así como la promoción a cargos de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se realicen mediante concursos de oposición.
Se considera que será en la ley reglamentaria correspondiente, donde se establezcan los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente.
El segundo eje establece la creación de un organismo público autónomo de evaluación de calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional con personalidad y patrimonio propio denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual deberá diseñar, expedir y difundir los lineamientos y las mediciones a los que se sujetarán las autoridades educativas.
