En el estado de Querétaro se reportan 53 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 a 19 años de edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, por lo que la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir Querétaro (RNCJDD) exhortó a las autoridades a atacar de manera frontal este fenómeno, que se registra principalmente en Amealco de Bonfil, Pinal de Amoles y El Marqués.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, a través de un comunicado, llamó al gobernador Francisco Domínguez Servién a priorizar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea) y facilitar los recursos necesarios para la mejora de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

También en el texto se solicito al secretario de Salud del estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, destinar recursos necesarios para fortalecer los procesos de capacitación del personal de salud y garantizar el acceso a la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), libre de prejuicios personales.

La Red Nacional Católica pidió la procuración de justicia y, a los servicios de salud, facilitar la PAE en los casos de violencia sexual, según lo establecido en la NOM046.

Asimismo, llamó a la jerarquía de la Iglesia católica a escuchar las opiniones de la feligresía que está clamando por una iglesia más cercana y más comprensiva a los signos de los tiempos.

México ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2013). Además, de acuerdo con datos de la Enadid 2014, en el país existen 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.

María Fernanda López, activista de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir Querétaro, dijo que los municipios donde más se presentan embarazos entre menores son Amealco de Bonfil, Pinal de Amoles y El Marqués, según la encuesta 2014.

Señaló que desconoce si el personal médico conoce la NOM046, que establece la atención inmediata a mujeres que llegan a centros de salud declarando que fueron víctimas de abuso sexual.

Sostuvo que también deben recibir atención para prevenir cualquier infección de transmisión sexual.

“En caso de que resulte una violación, la mujer no necesita la autorización de la justicia para llevar a cabo esa interrupción del embarazo”, puntualizó la activista, aunque desconoce si este tipo de casos se ha presentado en la entidad.

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