La Dirección de Capacitación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) proporciona entrenamiento a las empresas de seguridad privada que lo soliciten, a fin de que sus elementos cuenten con nociones básicas de vigilancia y defensa personal, comentó el titular de la dependencia, Adolfo Vega Montoto.
En Querétaro, la SSC tiene el registro de 139 empresas de seguridad privada, de las cuales 90 se encuentran en trámite de renovación de su registro para funcionar.
El secretario recalcó que los elementos de seguridad deben de estar dados de alta ante la SSC para verificar sus antecedentes penales y ser capacitados por el organismo.
“Hay un trabajo permanente que se hace con las empresas de seguridad privada. Desde luego, por parte de nosotros su credencialización y exigir que la gente que llega a esas corporaciones antes se cheque en Plataforma México, porque hay que garantizar que sean personas de bien, es decir, que no llegue a ser refugio de personas dadas de baja de otras corporaciones”, dijo.
Antes de que iniciara la presente administración las empresas de seguridad privada contrataban a cualquier persona sin confirmar antecedentes penales, según el secretario.
Por lo anterior, en varias ocasiones se presentaron delitos perpetrados por los mismos guardias de seguridad, afirmó el titular de SSC.
Recientemente, EL UNIVERSAL Querétaro realizó un sondeo entre compañías de seguridad privada para conocer los requisitos que solicitan al contratar a sus elementos.
Posteriormente a su contratación, las empresas capacitan a los nuevos integrantes. “La capacitación la tienen, hay que mejorarla. Pero proporcionamos capacitación a cada una de las empresas. Nosotros tenemos una cercanía a través de la Dirección de Prevención con todas estas empresas”, recalcó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Entre algunas malas prácticas detectadas en las empresas de seguridad privada se encuentra el desconocimiento sobre leyes y reglamentos, así como comprender y obedecer la indicación de no ejercer fuerza física en contra de las personas, a menos que su vida o la integridad del inmueble se encuentren comprometidas.
