La diputada priísta Norma Mejía Lira, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local, aseguró que la aprobación del decreto con el cual se autorizó a la empresa Real Advance State 2 construir un parque industrial en la zona del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), estuvo apegado a la legalidad.
Indicó que la responsabilidad de la Legislatura en este tema concluyó al cerciorarse que el terreno que se daría en donación a dicha empresa estaba en orden. El gobierno estatal es la instancia obligada a asegurarse de la solvencia de la empresa, refirió.
“Nosotros como Congreso autorizamos al gobierno disponer de un espacio de un predio para que ellos pudieran hacer actos de administración, nosotros como Legislatura únicamente es nuestra competencia revisar que el predio se encuentre en las condiciones, comprobar la propiedad, que esté libre de gravamen y todos los requisitos que ustedes conocen”.
El gobierno del estado, dijo, debió hacer la revisiones correspondientes para asegurarse que el fideicomiso estuviera “libre de vicios” y en dado caso el Poder Ejecutivo es el que puede tomar decisiones respecto al fideicomiso.
“Ya no es nuestra competencia ir más allá, el gobierno o las autoridades correspondientes son las obligadas a confirmar o verificar que lo que se vaya a firmar esté libre de vicios o de cuestiones que en un momento dado puedan implicar cierta responsabilidad al patrimonio al cual está a su cargo”.
Análisis apresurado
Al recordar que cuando se ingresó esta propuesta a la comisión que preside, le parecieron apresurados los tiempos que impuso el gobierno estatal para su aprobación, la legisladora resaltó que se realizó el análisis de manera oportuna porque se priorizó el beneficio que traería al estado dicho decreto.
Por su parte, la diputada Herlinda Vázquez Munguía, coordinadora de la Fracción Legislativa de Morena, aclaró que votó en contra de la aprobación de dicho fideicomiso, debido a que carecía de los mínimos elementos de transparencia.
Especificó que el decreto no abundaba en los alcances que tendría el fideicomiso y tampoco en los compromisos económicos y legales que se establecían por ambas partes, así como los beneficios que traería a la entidad y a la empresa.
“(No) se señaló la vigencia de dicho instrumento jurídico, ni se determinó en su momento en qué consistiría la infraestructura básica que se obligaba a realizar el gobierno estatal en el inmueble del cual se transmitiría el uso y goce, de tal manera que tampoco se presupuestó la infraestructura que se requeriría, ni la estimación económica que invertiría la empresa beneficiaria así como las ganancias que esta negociación le produciría”.
