La eficacia puede compararse con un bien escaso y apreciado. La principal oferta de Enrique Peña Nieto durante su campaña fue dotar a México de un gobierno que haga bien su trabajo y obtenga resultados oportunos. En nuestro país, el Poder Ejecutivo recae en una sola persona que organiza su administración de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Poder Ejecutivo lo ejerce una sola persona, pero la administración pública recae en varias, que al final del camino, son subordinados del Presidente.
Enrique Peña Nieto, ha formulado una primera propuesta de reformas a esta ley que tienen la finalidad de practicar una especie de cirugía mayor a varias secretarías de estado. La reforma asegura que el andamiaje institucional tienda hacia la eficacia y evita que se convierta en un obstáculo. El gobierno no debe tropezarse constantemente con sus propios zapatos.
En primer lugar, se propone que la Secretaría de Gobernación se encargue integralmente de garantizar la seguridad de la población. Los mexicanos hemos escuchado muchas veces que uno de los problemas para combatir a la delincuencia es la falta de coordinación entre autoridades, así que esta propuesta elimina de tajo la maraña inconexa de acciones institucionales que los delincuentes aprovechan en su beneficio. La Secretaría de Gobernación además, apoyará la seguridad de los municipios y localidades del país que así lo requieran.
En segundo lugar, se propone reformar la Secretaría de Desarrollo Social a fin de fortalecerla y hacer énfasis en las tareas que redunden en la cohesión y convivencia ciudadana. Esta dependencia coloca en el centro de sus afanes a la persona humana, y se encarga además de impulsar programas que combatan frontalmente la situación de pobreza en la que vive buena parte de nuestra población. Aquí se atenderá a comunidades específicas como a la niñez y los adolecentes; al desarrollo de nuestra juventud, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. En esta perspectiva, esta secretaría impulsará desde el 1 de diciembre políticas de combate a la discriminación de cualquier índole y a las injusticias sociales.
Asimismo se propone la evolución de la Secretaría de la Reforma Agraria para crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta dependencia continuará con la tarea de resolver conflictos agrarios; vigilar el desarrollo de la propiedad agraria y las políticas de conciliación con grupos campesinos. Adicionalmente, se propone facultarla para que impulse el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda. Igualmente estará encargada de detonar polos de desarrollo regional, en coordinación con los estados y municipios, al tiempo que potenciará las diversas regiones del país para generar bienestar, fuentes de empleo bien pagado y derrama económica regional.
Paralelamente se ha propuesto la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como un organismo constitucional autónomo. Su competencia será prevenir, investigar y castigar actos de corrupción en materia administrativa, atrayendo incluso, casos que ocurran en estados y municipios. Sus facultades le permitirán ubicarse en los dos extremos de un acto de corrupción, y de esta manera investigar y sancionar tanto a servidores públicos, como a los particulares que participan en ello. Actuará de oficio o a partir de denuncias o de reportes ciudadanos y coordinará políticas para generar una cultura de la integridad y rechazo a la corrupción. Esta instancia actuará en coordinación permanente con la Auditoría Superior de la Federación. Cabe destacar que con la creación de esta Comisión, desaparece la Secretaría de la Función Pública por lo que sus atribuciones de control gubernamental se trasladan a la SHCP. Los Organos Internos de Control de las dependencias se convertirán en Unidades de Auditoría Preventiva haciéndolas corresponsables de las acciones de los funcionarios públicos. La idea es que estas unidades sean realmente preventivas y dejen de constituirse en obstáculos para la función pública, como hasta ahora.
Como podrá apreciarse se trata de una propuesta razonada y razonable que reduce de 18 a 16 las secretarías de estado -para hacer más, con menos, y mejor- en lo que sin lugar a dudas representa el principio de un gobierno eficaz.
Abogado y analista político
