La Fiscalía General de la República (FGR) determinará el grado de participación de José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, empresarios que fueron detenidos por supuestamente ser cómplices en las operaciones ilícitas del abogado Juan Collado.

Así lo dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién luego de la detención de ambos personajes el pasado lunes por la noche.

Rico Rico estuvo involucrado en la operación de empresas y negocios en Querétaro, incluyendo la compra-venta del equipo de futbol Gallos Blancos; hasta este lunes, estaba prófugo. Desde el pasado 6 de julio se giró orden de aprehensión en su contra.

El mandatario confirmó que también está prófugo Sergio Bustamante Figueroa, quien acusó al gobernador queretano y a otros políticos, como Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y el actual senador de la República Mauricio Kuri González, de estar involucrados en las operaciones financieras ilícitas trianguladas a través de Caja Libertad.

“La Fiscalía General de la República es autónoma; ellos ya estaban con esta orden de aprehensión. Se trata de una investigación en curso y vamos a ver qué dice en los siguientes días la Fiscalía General”.

Por las declaraciones contra el gobernador, Francisco Domínguez presentó una demanda civil en contra de Sergio Bustamante por daño moral, la que espera se sume al expediente en la investigación que sigue la Fiscalía y por la que giró orden de aprehensión en contra de éste.

“Afortunadamente mi demanda va bastante bien. Espero darles noticias pronto, porque hoy está imputado el que acusa; la Fiscalía también está tras él, y yo espero que se sume mi demanda y se agrave a estas imputaciones a través de la FGR. Está prófugo”, indicó el mandatario.

Este lunes se dio a conocer que dos personas, presuntamente ligadas al caso Juan Collado fueron detenidas, con lo que se avanza en el caso de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada en contra del abogado.

Domínguez Servién aseguró que el caso lo está presentando como ciudadano y afirmó que no buscará hablar del tema con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que no se preste a tráfico de influencias, aunque el gobernador adelantó, tras una reunión con el funcionario federal, que éste le comunicó al mandatario de la búsqueda que tienen contra Bustamante Figueroa.

“Yo quiero dejar [mi demanda] como ciudadano, no como gobernador, aunque él [Sergio Bustamante] me acusa en lo político, es una demanda civil por daño moral a Francisco Domínguez. Ninguna pregunta [le he hecho al fiscal], porque yo confío en esta demanda metida como cualquier ciudadano, y si yo viera al fiscal, sería como una influencia”.

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