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Las autoridades del estado mexicano de Jalisco destaparon una red de extorsión telefónica en el penal de Puente Grande que elegía principalmente como víctimas a residentes en Estados Unidos.
El fiscal general de ese estado, Eduardo Almaguer, detalló hoy en rueda de prensa que la red fue descubierta gracias a un registro que se llevó a cabo el pasado 5 de abril con el objetivo de encontrar objetos y sustancias prohibidas en el reclusorio.
En este operativo, los agentes de seguridad pública descubrieron varias libretas y cuadernos, así como 18 memorias telefónicas, con las que se pudo concluir que hay un grupo de reos que se dedican a la extorsión.
De acuerdo con la estimación de las autoridades, los presos habrían conseguido sumar con sus actividades un total de 7.000 dólares, depositados en diversas cuentas bancarias.
Los presos tenían una serie de guiones traducidos para saber qué decir a sus víctimas, y se hacían pasar por familiares y abogados internacionales del aeropuerto.
Gracias a siete teléfonos celulares y 18 tarjetas SIM, llamaban, fundamentalmente, a números del estado de Texas y las ciudades de Los Ángeles y Miami.
Almaguer afirmó que ya se ha abierto una carpeta de investigación para analizar los hechos, y que la fiscalía ha solicitado permiso a un juez para poder tener "una información muy clara de todos los cómplices externos e internos de este grupo".
Por otra parte, el fiscal aseguró que no se encontraron privilegios ni equipamiento no reglamentado en los dormitorios de los internos.
El pasado año otra revisión de las instalaciones arrojó cientos de objetos prohibidos, como armas blancas, antenas aéreas y satelitales, televisores y drogas.
Almaguer indicó que los criminales buscaban a mexicanos que vivían en Los Angeles, Miami, Chicago y en ciudades de Texas, Oklahoma y Tennessee.
Una decena de presos de la cárcel de Puente Grande hacían las llamadas con teléfonos móviles que habían sido introducidos en la prisión de forma ilegal, explicó Almaguer.
Se hacían pasar por familiares de esas personas, por defensores de derechos humanos o por abogados que les llamaban desde aeropuertos porque había surgido algún problema con alguien de su familia y urgía que les enviaran dinero.
En todos los casos se solicitaba a la víctima miles de dólares con el argumento de que habían sido secuestrados o porque estaban detenidos y las autoridades les pedían cierta cantidad para ponerles en libertad.
Las llamadas de extorsión telefónica son delitos habituales en México y generalmente son cometidos desde las prisiones.
Teóricamente, las cárceles cuentan con inhibidores de señal de celulares pero distintos informes de organismos oficiales han puesto reiteradamente de manifiesto que la corrupción que impera en los penales permite el uso de teléfonos móviles en su interior aunque estén prohibidos.
Las autoridades de Jalisco no dieron más datos sobre la naturaleza de las llamadas porque, según dijo el fiscal, se está investigando todo el material incautado en la prisión, entre lo que hay siete celulares y 18 tarjetas SIM.
En el operativo realizado al interior de Puente Grande también se localizaron objetos prohibidos, como 17 cuchillos de diferentes tamaños, dos martillos, 30 tijeras, 15 cargadores de celular, 13 hojas tipo cúter, una segueta y pequeñas dosis de droga, entre otros.
