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Centroamérica denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá que padece una epidemia: el creciente número de embarazos de adolescentes, con una mayoría que son producto de violaciones sexuales y torturas.
Una serie de organizaciones no estatales feministas, religiosas y por la despenalización del aborto de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá describió ante el 167 periodo de sesiones de la CIDH, que se realiza en la capital colombiana, un escenario de grave violación a los derechos humanos de mujeres—mayores y menores de edad—en los seis países.
“Como consecuencia, el embarazo de niñas y adolescentes representa el 30% de los partos que se dan en la región. Los partos en niñas entre 10-14 años son una epidemia. Durante el año 2016 Costa Rica reportó 500; 900 en Honduras; mil 440 en El Salvador; mil 740 en Nicaragua; y 2 mil 500 en Guatemala. La mayoría de estos partos son producto de violación sexual”, describió el bloque de 14 agrupaciones no estatales.
“La situación de las adolescentes (en Centroamérica) no es diferente de Latinoamérica. Esta subregión concentra las tasas más altas”, recalcó.
Entre algunos datos expuestos para describir la crisis, están los siguientes:
++ Más de 700 niñas con edades entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en Honduras por violación sexual en 2016.
++ El Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras contabilizó que en el primer semestre de 2017 hubo mil 249 mueres víctimas de violación sexual en ese país, de las que el 60.63% tiene entre 10 y 19 años y el 22.2% es menor de 10 años.
++ La Policía Nacional Civil de El Salvador reportó mil 376 niñas violadas sexualmente en 2017.
++ El estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala sumó 2 mil 616 violaciones sexuales en esa nación en 2016, de los que 409 fueron contra niñas de 7 a 12 años y 230 a menores de seis.
Riesgo de muerte. Las 14 organizaciones advirtieron que “las niñas, al ser obligadas a un embarazo y maternidad, tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo y que sus hijos/as sufran de bajo peso al nacer, con desnutrición o retraso en su desarrollo”.
“Niñas, adolescentes y jóvenes continúan sin recibir una educación integral en sexualidad, científica y basada en derechos. A pesar de que la legislación de algunos países como El Salvador, Honduras y Guatemala, lo reconocen como un derecho y como una obligación del Estado; incluso están diseñados los currículos educativos y los Ministerios de Educación cuentan con los textos para desarrollarla, en la práctica no se imparte en las escuelas”, subrayaron.
“Obligar a las niñas y jóvenes a sostener embarazos producto de la violencia sexual y forzarlas a la maternidad, no solamente es una tortura, sino (que) también pone en riesgo su salud y sus vidas, alejándolas de alcanzar sus proyectos de vida y un desarrollo sostenible como parte de sus derechos humanos”, destacaron.
En este panorama, insistieron en que el embarazo es “la primera causa” de deserción escolar de niñas y adolescentes en Centroamérica, lo que frustra “su proyecto de vida y la posibilidad de salir del círculo de la pobreza, la dependencia y de la violencia”.
Al reconocer que algunos países, como El Salvador, Honduras y Guatemala, tienen “servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes”, alertaron que “no siempre” ofrecen información adecuada y oportuna “ni brindan consejería” para la toma de decisiones libres e informadas y exigen “la autorización de padres, madres, tutores o familiares”.
“No cuentan con espacios adecuados y personal capacitado que garantice la privacidad y confidencialidad. El matrimonio y/o uniones tempranas de menores de edad, sólo está dejando de ser legal muy recientemente”, revelaron.
Ese tipo de unión dejó de ser legal en 2015 en Panamá, en 2016 en Costa Rica y en 2017 en El Salvador, recordaron.
Las violaciones a los derechos humanos de mujeres—niñas, adolescentes y adultas—se registra en medio de numerosos feminicidios y una intensa violencia en Centroamérica, que en 2017 reportó 13 mil 129 homicidios en Guatemala, El Salvador y Honduras, explicaron. El promedio total de homicidios en la región centroamericana es de 32 por cada 100 mil habitantes, mucho mayor de la media mundial, precisaron.
Según un recuento presentado a la CIDH, en 2016 cada 12 horas fue asesinada una mujer en Honduras y cada 12 en Guatemala.
Cruzada conservadora. “Centroamérica se ha convertido hoy, como el resto del hemisferio, en un campo de batalla en el que grupos políticos, sociales y religiosos de corte conservador han unido fuerzas en una cruzada en contra de la igualdad y no discriminación”, dijo ante la CIDH la costarricense Karina Sánchez, oficial de incidencia del Centro para la Justicia Internacional (CEJIL), organización de defensa de los derechos humanos con sedes en Estados Unidos, Costa Rica y Argentina.
La cruzada, añadió, es “en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de todo avance para la protección de los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual, expresión e identidad de género diversas”.
Se trata de un “movimiento conservador, prosiguió, que “cuenta con financiamiento, está presente en todos los países, en partidos políticos, en espacios de toma de decisión y está cooptando instituciones de garantía de derechos humanos, como defensores del pueblo y cortes supremas de justicia”.
Son grupos, recalcó, que “cuando se refieren a la protección y garantía de los derechos de las mujeres, han creado deliberadamente el término ‘ideología de género’, que busca tergiversar el concepto de género y con ello perpetuar el patriarcado y las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como bloquear todos los derechos que hemos obtenido a través de luchas a lo largo de los años”.
Las agrupaciones pidieron a la CIDH recordar a los estados centroamericanos que deben garantizar la vida y la salud de las mujeres y que es esencial despenalizar el aborto en El Salvador, Nicaragua y Honduras y aplicar la legislación sobre esa materia que existe en Costa Rica y Guatemala.
También solicitaron a la Comisión que inste a los estados centroamericanos a que “aborden integralmente la problemática de mortalidad materna, la maternidad forzada, los embarazos forzados, y toda práctica que nos impida el ejercicio de nuestros derechos” y a que “se garantice la educación integral en sexualidad, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción de emergencia”.
La CIDH, con sede en Washington, inició este lunes su periodo de sesiones en Bogotá, que concluirá el próximo viernes.
