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En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en 10 países de la región.
El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve ex mandatarios de la región están en la mira de las autoridades de sus países y un presidente ya perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre los jefes de Estado que, aunque no tuvieran relación con la constructora brasileña, quedaron envueltos en tramas sospechosas.
Para el fiscal del ministerio público federal de Brasil, Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato en Curitiba, si antes las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.
“Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.
Pozzobon dice que, antes, el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores; con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, la modalidad se ha convertido en “un talón de Aquiles” para los criminales.
En Brasil, el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por la constructora OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamento o actuado a favor de la compañía.
El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una quinta en Atibaia, Sao Paulo, y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación al otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.
Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios con citaciones contra José Sarney y Fernando Hen- rique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7.3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, sin relación directa con Odebrecht.
En Perú, el espectro de mandatarios en la mira de la justicia también es amplio. Cuatro ex jefes de Estado son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Como Toledo está en Estados Unidos, la fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades estadounidenses.
Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de Metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación. No le fue impuesta ninguna restricción judicial. (
El único de los ex presidentes peruanos que ha estado preso es Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a fines de abril.
Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, ha sido el único en perder su cargo. Renunció en marzo bajo sospechas de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht a través de empresas ligadas a él cuando era ministro. Tiene prohibido salir del país por 18 meses y sus bienes fueron confiscados.
En Colombia, las investigaciones alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas dudan de la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.
Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir 6.5 millones de dólares de la constructora.
Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnización de 7.5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3.5 millones de dólares de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.
Señalado de recibir 1.5 millón de dólares de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el ex mandatario de El Salvador Maurício Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a Nicaragua después de haber sido condenado, en noviembre del año pasado, por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con su hijo, 419 mil dólares a las arcas públicas.
Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o ex mandatarios, aunque se citen transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países.
En el caso particular de Venezuela, la justicia oficial no ha emitido ninguna condena relacionada con el caso Odebrecht. Sin embargo, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, una instancia paralela surgida en medio de la convulsión política del país, juramentada por la Asamblea Nacional y reconocida por la Organización de Estados Americanos, dictaminó, el pasado 15 de agosto desde Bogotá, Colombia, que el presidente Nicolás Maduro era culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales y lo condenó a cumplir 18 años y 3 meses de cárcel, a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir 35 mil millones de dólares al Estado.
Las acusaciones fueron promovidas por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, también en el exilio, quien señaló a Maduro de haber adjudicado a Odebrecht obras sin licitación, cuando se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. También lo acusó de haber solicitado de la empresa brasileña 50 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013, a cambio de “trato preferencial”.
Aunque la condena fue acogida por la AN, el presidente del Parlamento venezolano, Omar Barboza, la calificó como “no ejecutable” por la ausencia de Estado de derecho en el país.
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