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La Secretaría del Ayuntamiento de Querétaro no investigó los antecedentes de la asociación Unidos Contra la Trata, previó a realizar la donación del terreno, aseguró el titular de la dependencia Jesús Roberto Franco González.
Destacó que sólo se revisó la legalidad de la persona moral —que es la asociación—, además se checó que cumplieran con todos los requisitos para ser acreedores a la donación del terreno.
“No creo que exista a nivel nacional un sistema donde puedas rastrear esas cuestiones (de ilegalidad en asociaciones), somos una autoridad de buena fe, validamos que se cumplan con los requisitos que la ley nos exige, que en este caso se cumplieron”, dijo.
La representante legal de esta asociación es la exsenadora panista Rosa María de la Garza, mejor conocida como Rosy Orozco, a quien, en mayo del año pasado, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado le retiró un departamento de 22 millones de pesos y una casa con un valor más elevado, los inmuebles eran empleadas por ella y su esposo, supuestamente para diferentes fines por los que gobiernos federales anteriores se los habrían prestado.
Por la revisión de documentos oficiales, se detectó que, aunque la activista sólo aparece inscrita en una asociación civil, otras dos organizaciones compartían el mismo domicilio fiscal y recibieron donativos por más de 31 millones de pesos desde 2009, incluso, han triangulado fondos entre sí.
Durante la sesión de cabildo, del pasado martes, Ivonne Olascoaga solicitó que se bajará ese punto de la orden del día, sin tener éxito; argumentó que la presidenta de la fundación ha sido señalada en varias ocasiones para que se investiguen los apoyos y propiedades entregadas para la fundación para su uso propio.
