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El gobierno del estado busca que se sancione a los abogados que coaccionen la presentación de testigos o los asesoren para que mientan ante los tribunales, informó Juan Martín Granados Torres, secretario de gobierno en Querétaro.
Expuso que han detectado estas conductas, que se han elevado a raíz del sistema de justicia oral, por ello es una de las siete modalidades de delito que buscan sean sancionadas con una reforma al Código Penal.
“Tenemos conductas que se están realizando con frecuencia, que no encuentran una punibilidad y que corresponden al sistema de justicia acusatorio, como el hecho de que abogados litigantes asesoren para mentir a testigos, que pretendan amenazar o coaccionar a peritos. Detectamos que abogados inhiben la presentación de personas en las audiencias y eso evita tener pruebas”.
Dijo que antes de que termine el mes estará presentando el documento de propuesta de reforma ante la Legislatura del estado para que se discuta y hagan las consideraciones pertinentes.
En la conformación de la propuesta trabaja un equipo interdisciplinario, entre ellos integrantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, abogados litigantes y docentes, destacó.
“La intención es presentar el documento, de acuerdo con las instrucciones del gobernador, de ser posible en este mismo mes para la evaluación de la Legislatura”, explicó el funcionario estatal.
Para integrar nuevas modalidades de delito, recordó que es necesario tener argumentos suficientes que justifiquen la propuesta y que está basado en la amenaza que representan esas conductas para los bienes jurídicos o físicos de las personas.
“Se trabaja en los textos, pero también se están evaluando las partes considerativas, al final de cuentas un nuevo delito debe cumplir con ciertos requisitos que mandata la Constitución y muy en particular una justificación que es el derecho que tiene el Estado, en nombre de la comunidad, de castigar ciertas conductas que dañan algún bien jurídico”.
Otra de las conductas que se estará proponiendo como delito es la portación de aparatos que sirvan para la comisión de delitos si no existe justificación, como es el caso de las llamadas llaves maestras, inhibidores de señal de teléfonos o inhibidores de señales electrónicas.
Estos aparatos son usados por la autoridad judicial o de seguridad sólo en determinados casos, por lo que no se justifica que un ciudadano común los tenga consigo.
