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Hasta más de 3 millones 300 mil pesos, es la multa que el grupo Flecha Amarilla S.A. de C.V. podría pagar por la construcción que realiza en la parte trasera de la Terminal de Autobuses Querétaro (TAQ), en la zona denominada “El Tángano”, de demostrarse que se encuentra operando fuera de la legalidad, indicó el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Alejandro Guillermo de los Cobos de León.
Dijo que esta multa se impondría por parte de la dependencia federal, sin embargo, de ser aplicable, el gobierno del estado, así como municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) y la Dirección de Ecología, respectivamente, podrían imponer sanciones al grupo imputado.
Lo anterior, tras haber retirado diversas especies vegetales de la zona protegida estatal, conocida como El Tángano, en donde fueron afectados cerca de 16 mil metros cuadrados, según indicó el titular de Profepa en Querétaro.
“Ahí lo que tenemos son cerca de 16 mil metros cuadrados afectados, que es un área baja forestal que se caracteriza por presencia de pinos, garambullos, mezquites, entre otras especies que regularmente han caracterizado a “El Tángano”, indicó el funcionario federal.
De los Cobos de León, relató que desde el 19 de julio, se recibió en la Profepa una denuncia ciudadana que hacía referencia a esta situación, que al ser confirmada un día después, derivó en la clausura total de la obra, en tanto se esclarece “el tema de los permisos y esta situación”.
Agregó que este jueves vence el plazo que Flecha Amarilla tiene para presentar la documentación que acredite el permiso para realizar la “limpia” de vegetación, y de no ser así, deberá cumplir con, además de las multas económicas que se le impongan, la reforestación de la zona afectada.
“Confiamos en que la situación se resuelva a la brevedad, Flecha Amarilla ha demostrado en la mejor disposición y pues esperamos llegar a los mejores términos. En tanto la reparación del daño sería inmediata si así se determinara”, añadió Alejandro Guillermo.
“Habrá sanción hasta que se demuestre que no hay permisos, entonces se actuaría conforme al procedimiento administrativo para determinar la sanción, que iría desde los 55 días salarios mínimos hasta los 55 mil, que son cerca 3 millones 300 mil pesos” reveló el delegado de la Profepa.
