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José Luis Gallegos Pérez, presidente del Consejo de Notarios de Querétaro, informó que cada vez es más frecuente la detección de documentos falsos en las notarías.
Aunque no tiene registro de cuántos casos se han reportado, afirmó que es común que las personas que quieren hacer trámites presenten documentación apócrifa o poco confiable, por lo que los notarios rechazan dar el servicio.
“Para nosotros es muy difícil detectar lavado de dinero, lo que sí hay son los documentos falsos; hemos tenido la necesidad de tomar en cuenta muchísimas cosas, de tomar precauciones para no cometer un error por la falsificación de documentos que nos llegan a presentar”, señaló.
Entre la documentación que más se falsifica o que tienen sospecha de irregularidades están: la credencial de elector, comprobantes de domicilio, e incluso las escrituras.
En caso de sospecha, dijo que aplican protocolos para corroborar la información que el solicitante les está presentando; aunque la falsificación de documentos está tipificado como delito, se han registrado pocas denuncias penales.
“Nos pasa, hasta con las escrituras, pero tenemos la oportunidad de verificar que sean correctas, o tenemos el ejemplo de una credencial de elector, porque si en la escritura pertenece a una persona de 70 años y traen una credencial con una foto de alguien más joven, pues estamos ante una evidente irregularidad”, explicó.
Reconoció que en lo que va del año pueden afirmar un aumento en la frecuencia de estos casos, aunque sin llegar a casos alarmantes, es decir, no son significativos en comparación con la cantidad de procesos que realizan todos los días, pero para ello sí hay un aumento evidente.
“Si el caso lo vemos muy evidente sólo lo canalizamos a las autoridades, porque realmente todos, todos los notarios hemos detectado irregularidades y con más frecuencia, me refiero a que nos ha tocado a todos, pero aún no podemos hablar de un porcentaje”.
De acuerdo con el Código Penal Federal: “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años, y de 200 a 360 días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años, y de 180 a 360 días multa”.
El castigo aplica para quienes se propongan “sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero que resulte en perjuicio, ya sea en los bienes del afectado, en su persona, en su honra o en su reputación”.
