Leonel Álvarez Frías tuvo la mala fortuna de ser deportado hace seis meses, cuando Donald Trump aún no asumía la presidencia de Estados Unidos; asegura que, desde antes, las políticas contra indocumentados eran rigurosas. En Bakersfield California dejó a su esposa y a sus cuatro hijos; agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo sorprendieron en su hogar. La razón de la deportación: hace 10 años que había vencido un permiso de trabajo con el que permanecía en Estados Unidos y que no refrendó, pensando en continuar su vida dicho país.
“Ya me tenían registrado, seguro me estaban checando porque no tenía en regla mis papeles de trabajo. Un día llegaron a mi casa, me explicaron lo de mi permiso de trabajo vencido y me deportaron; de California me trasladaron a las oficinas de Migración de San Diego, hasta que me sacaron a la frontera de San Ysidro, ahí hablé con mi esposa, le dije que estaba bien y ahora ando acá buscando trabajo”, indica.
Leonel llevaba 20 años en el otro lado, trabajaba como operador de vehículos de carga, un trabajo pesado, pero bien remunerado. Tras ser deportado, llegó a Pedro Escobedo, donde tiene una vivienda modesta que heredó.
Aprovechó que este miércoles se llevó a cabo en el municipio una feria de trabajo, ofrecida por el Servicio Nacional del Empleo (SNE). Los trabajos disponibles no le convencen, porque asegura que lo que le ofrecen de paga no es ni la mitad de lo que ganaba: “Aquí me ofrecen salarios de mil pesos semanales y allá ganada en promedio 900 dólares a la semana, está complicado encontrar un trabajo igual”.
Este mismo día, otros tres migrantes recién deportados acudieron a la feria del empleo de Pedro Escobedo. Autoridades municipales y del SNE los orientaron para que conocieran las ofertas de apoyo implementadas para personas que sean retornadas al país, como es el caso de los programas Repatriados Trabajando, Bécate y Fomento al Autoempleo.
Poco duraron en la feria estos migrantes, porque fueron canalizados a módulos de empresas que ofertaban empleos y que los conectaron con las áreas de Recursos Humanos para realizarles entrevistas en forma.
Para Leonel Álvarez Frías no ha sido fácil emplearse bajo alguno de estos programas, porque uno de los requisitos es que los deportados acudan a solicitar el apoyo en un periodo no mayor a 15 días después de haber retornado al país, tiempo en el que también deben figurar en la lista de eventos de repatriación del Instituto Nacional de Migración.
“Yo vine a buscar trabajo como un ciudadano más, como ya tengo varios meses de regreso en Escobedo, me dicen que no aplico para este tipo de apoyos, no me consideran como parte de los migrantes afectados por el gobierno de Donald Trump, porque fui deportado antes”, dice.
Leonel asegura que todos sus hijos nacieron en Estados Unidos, así que su situación legal es estable, pero los extraña, como también extraña a su esposa, Ana Hernández. Teme por ella, porque tampoco cuenta con documentación que le acredite su estancia legal y la amenaza de las deportaciones está a la orden del día tras el cambio de gobierno.
Explica que las actitudes discriminatorias en el vecino país del norte comenzaron a recrudecer justo cuando iniciaron las campañas políticas, le alcanzó a tocar y, por eso, teme por el futuro de su familia. El mayor de sus hijos cuenta con 20 años, así que para el joven sería muy difícil poder atender a los hermanos menores si su madre tuviera que retornar.
“Las condiciones de racismo pegan primordialmente a los mexicanos porque allá son mayoría. Me daría miedo que se quedaran solos mis hijos por esta discriminación, pero voy a buscar ayuda legal a ver si puedo retornar, que me otorguen otro permiso de trabajo, pero por mientras necesito encontrar empleo aquí, aunque la situación está muy complicada por la poca paga que ofrecen”, señala.
Leonel radicaba en la Ciudad de México antes de decidirse a probar suerte en Estados Unidos, ahí conoció a su esposa y formó una familia. Pudo haberse establecido en su ciudad de origen, ahora que lo deportaron, pero consideró factible permanecer en Pedro Escobedo, en donde cuenta con una vivienda. A diferencia de otros migrantes, él no tiene terrenos de cultivo que pudiera trabajar para hacerse de recursos económicos.
Mantiene contacto permanente con su esposa Ana, a través de llamadas telefónicas y del uso de las redes sociales. Ella le platica de las redadas que han incrementado en recientes días; las políticas migratorias son más estrictas para todos los que carecen de documentos que acrediten su estancia legal.
Leonel pide a sus familiares que sean pacientes, que se cuiden y permanezcan en California, porque en estos meses le ha sido difícil encontrar trabajo y asegura que en México no puede ofrecer a su esposa e hijos las mismas condiciones de vida que les aportaba con el trabajo de operador de tracto camiones que tenía en Estados Unidos.
Los tres migrantes deportados en recientes días se han acercado a instancia municipales a solicitar apoyo, de acuerdo con Jesús Baeza García, coordinador de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional del Empleo.
El funcionario aseguró que la experiencia laboral de los migrantes durante su permanencia en Estados Unidos les permite reunir los requisitos solicitados por empresas para contralarlos; sin embargo, reconoció que la mayoría de los trabajos ofertados son para áreas operativas.
Leonel Álvarez coincide en que los puestos ofrecidos en ferias de empleo son básicos. El continuará buscando un trabajo mejor pagado, aunque no descarta buscar alguna alternativa para retornar a Estados Unidos.
