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La familia habitante de cuatro hectáreas del ejido de San Nicolás, en el municipio de Tequisquiapan, denunció que los responsables del intento de desalojo que sufrieron la semana pasada son el alcalde municipal, Antonio Macías Trejo, y el delegado de la comunidad, Juan Agustín Nieves.
Del primero de los referidos, reprocharon su “desinterés” por resolver el conflicto; mientras que el segundo, fue señalado como el responsable de incitar al intento de desalojo.
Daniel Trejo, uno de los agraviados, dijo que las personas que intentaron desalojarlos, incitados por el delegado, ascienden a cerca de 400 pobladores de esta comunidad, quienes –dijo- no son ejidatarios y buscan desocupar el predio bajo el argumento de requerirlo para la construcción de una escuela del nivel medio superior.
En el intento de desalojo, ocurrió el miércoles 19 de junio, los pobladores destruyeron parte de la propiedad de la familia Trejo, luego de que ingresaron a ésta cortando la malla metálica con pinzas.
“Esto es una negligencia por parte de las autoridades que inciten a la violencia, es nuestra casa, nosotros estábamos muy tranquilos, no es posible que nos quieran desalojar, nosotros no estamos en contra de la educación, pero la manera en la que hicieron las cosas no es justo, a nosotros no nos dijeron nada, solo nos querían sacar de nuestra casa a la fuerza”, narró Daniel Trejo.
Externó que la denuncia ante los medios de comunicación se realiza por temor a que en Tequisquiapan suceda un hecho como el de los asentamientos humanos irregulares de La Laborcilla en el municipio de El Marqués, en el que una persona resultó muerta; o como el de Corregidora, en el pobladores mantienen conflictos por la regularización de los terrenos que habitan.
La representante legal de esta familia, Karla Cristina Mackenzie Olguín, pidió la destitución de quien resulte responsable, por incitar a los pobladores a desalojar a esta familia, y pidió a Macías Trejo que la problemática se resuelva por la vía legal y no por medio de la violencia.
“Es muy importante que la incitación de las autoridades ejidales no puede ocurrir a moverse de esa forma, sin tener sustento legal. No es un asunto legal ni jurídico, sino es un asunto meramente político, nosotros nos preguntamos dónde está el presidente municipal”, expresó la representante legal.
Por su parte, la secretaria Ejecutiva del Partido del Trabajo (PT), Alicia Colchado Ariza, dijo que el conflicto entre perdidos y ejidos irregulares, terminará cuando los gobiernos incluyan a los habitantes en las decisiones respecto al uso de suelo o regularizar los predios que son ejido o pequeña propiedad. Explicó que la solución no es desaparecer al ejido, sino crear una fuente sustentable de empleo que permita a los agricultores vivir de la tierra ejidal.
