La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro no juzga a nadie, sólo denuncia violaciones a los derechos humanos, puntualizó el ómbudsman, Miguel Nava Alvarado, después de que el secretario de Salud del estado, Alfredo Gobera Farro, pidiera respeto para los médicos queretanos después de la última recomendación emitida al Poder Ejecutiva por un caso de negligencia médica en el Hospital General de San Juan del Río.

“Nosotros no estamos juzgando a nadie, no decimos nombres de nadie, nosotros de una manera puntual, objetiva, imparcial y apegado a derecho, señalamos violaciones a los derechos humanos porque así lo tenemos que hacer. Tenemos la obligación de acusas no de juzgar. Nosotros no nos pronunciamos sobre aspectos de carácter médico ni faltamos al respeto”.

En el caso puntual de la más reciente recomendación por el caso de una mujer que acudió en agosto de 2015 al Hospital General de San Juan del Río para ser tratada por tumores benignos y que debido a una serie de complicaciones fue operada hasta en seis ocasiones y después de varios días falleció, presuntamente, por irregularidades en la atención médica, Nava Alvarado acusó que la autoridad estatal no respondió ni en tiempo ni en forma.

“Lo que advertimos en la última recomendación es que se les pide la información y no la responden en tiempo y en forma y el que no te respondan una información en tiempo y en forma, que no tiene que ver con una cuestión médica ya da la oportunidad a la Defensoría que dé por cierto los hechos que se les están imputando a las autoridades y no sólo se hace una vez sino hasta en tres veces”.

Después de que Gobera Farro señalara como inadecuado que se juzgara a un médico sin antes tener todos los elementos para atribuirle una responsabilidad, el defensor de los derechos humanos de Querétaro, Miguel Nava, explicó que el caso incluso ya está en manos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, quien ya inició un proceso indagatorio para deslindar responsabilidades.

Consideró que estas son desviaciones de carácter administrativo que tienen que ser investigadas por las autoridades correspondientes y reiteró que la responsabilidad de la Defensoría de los Derechos Humanos es denunciar dichas situaciones, que al final, costaron la vida a un paciente.

Destacó que las más recientes recomendaciones involucran a la administración pasada y la actual.

“La recomendación pasada tuvo lugar en esta administración de principio a fin y la recomendación antepasada de otro bebé tuvo que ver con una administración pasada, conforme vamos teniendo los elementos, no podemos salir públicamente a hacer un señalamiento”, aseveró Nava.

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