El consejero de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Fernando Lugo, aseguró que respecto al procedimiento de sucesión de titular de dicho organismo él se mantendrá respetuoso del trabajo de las instituciones.
Destacó que confía en que todos los involucrados en esta transición se mantengan al margen de los resultados que emitan las dependencias a cargo.
“La función de los consejeros no es involucrarnos en dicha controversia, nuestra función es observar y analizar las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos”, comentó.
El consejero agregó que “en ningún momento, como consejero, podemos desacreditar la controversia, pues en este tema sólo el Poder Judicial va a emitir un sentencia que deberá acatar el Legislativo”, dijo.
Las declaraciones del consejero de la Comisión de Derechos Humanos se basan en que se mantendrá al margen respecto a la demanda interpuesta por César Pérez Guzmán, quien afirmó no ser tomado en cuenta para presidir dicho organismo.
Ante lo anterior, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava Alvarado, informó que analiza el recurso que usará para revertir la resolución parcial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En este recurso se le concede un amparo a César Pérez Guzmán, quien se manifestó discriminado por los representantes de la 57 Legislatura al no ser tomado en cuenta como candidato a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos por exceder el límite de edad de la convocatoria que fue de 60 años.
La magistrada el TSJ, Celia Maya García, resolvió ordenar a la Legislatura y reponer el proceso donde fue electo Miguel Nava Alvarado como presidente de dicha instancia, a efecto de que sean tomados en cuenta ambos perfiles en igualdad de circunstancia.
“Es la resolución de una magistrada, que desde mi punto de vista es equivocada, pero además que es recurrible que el propio Tribunal de Justicia de Querétaro prevé el recurso de la reclamación para efecto de que el tribunal resolviera con respecto a esta situación; por ese lado no es una cosa juzgada”, señaló Nava Alvarado.
Jurídicamente, tener límites de edad para contender por un puesto público es un tema que está superado en México y en prácticamente todo el mundo; ya que la controversia está definida como “distintoria” más no discriminativa.
