Revisarán centros de rehabilitación de SJR

Metrópoli 24/06/2014 00:15 Actualizada 09:23

Se anticipó por parte del regidor de San Juan del Río, Agripino Torres, que la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos estará al pendiente de los centros de rehabilitación ante los recientes casos de abusos denunciados por el DIF, que afectaron a cuatro menores de edad.

Fue en el centro de rehabilitación Casa del Río donde menores sufrieron abusos deshonestos y violación sexual, siendo el director de la institución el señalado. Por esta causa, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia interpuso una demanda por violación equiparada.

El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, Arturo Campista, advirtió de la posibilidad de que los centros de rehabilitación se estén transfiriendo a menores de edad para que no sea detectada la presencia de éstos en dichas instituciones, ante la prohibición de que sean internados en estos espacios.

El regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que se sospecha de dos centros de rehabilitación en los que pudiera haber menores internados en un periodo mayor al permitido, aunque omitieron dar el nombre de las instituciones.

“Hemos recibido el reporte de que en dos centros de rehabilitación están internados menores de edad, la comisión de Derechos Humanos junto con la visitaduría, realizaremos las revisiones y pediremos el apoyo de otras instancias para ello”, dijo.

Aseguró, que la comisión junto con la visitaduría de Derechos Humanos estarán buscando las condiciones para hacer las revisiones a estos centros, luego de confirmar el caso de abusos dado a conocer por el procurador de la Defensa del Menor y la Familia.

“Platicamos los regidores del caso, tuvimos una reunión con el procurador de la Familia y se han acordado planes de trabajo, de parte de la comisión de Derechos Humanos estaremos atentos a la denuncia que se persigue de oficio para castigar al o los responsables”.

Agripino Torres dijo que la comisión hará el exhorto para que se exija a este tipo de instituciones cumplir con los requisitos legales y de salud para seguir operando o que por lo contrario, el municipio proceda a sus clausuras para evitar abusos.