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Las 11 personas arraigadas por el caso de la Caja Popular “30 de Agosto” son personal administrativo y gerencial de la misma, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares.
El magistrado recordó que el arraigo responde a una solicitud hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) ante la posibilidad de existir un delito federal relacionado con instituciones financieras; la acción está ejecutada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por orden de un juez.
El arraigo permanece desde el 17 de febrero con posibilidad de que la PGR solicite una prórroga por 30 días más, a fin de elementar el caso; una vez agotado el periodo solicitado, el juez de la causa determinará la prisión o la libertad, según la condición de cada involucrado.
“Podría existir la posibilidad de una prórroga si así lo pide la parte solicitante que es la PGR, y el juez en su momento lo determinará, tiempo en el que se desahogará y se recopilarán las pruebas necesarias para girar la orden de aprehensión si así fuera (…) son cajeras y gerentes operativos”, explicó.
Recordó que es la PGJ quien está ejecutando esta medida cautelar, que sigue contemplada en el código penal.
Hasta ahora, al TSJ han llegado cerca de 300 casos de las más de 800 denuncias que se han registrado, aunque por el número, afirmó, es suficiente prueba para que el juez haya determinado la medida cautelar del arraigo.
Recomendó a los afectados a seguir el proceso también ante la instancia federal aunque también habló de quienes deben a la Caja Popular para que procedan legalmente y se pueda determinar la suspensión de pagos.
