Gisela Sánchez, de la organización Salud y Género, afirmó que una ley como la del Distrito Federal sobre la interrupción legal del embarazo sería lo ideal para el estado, al referir que las mujeres queretanas se encuentran en tercer lugar por entidad que acuden a la capital del país para esta práctica.

En entrevista, la activista señaló que desconoce la propuesta del diputado perredista, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, en el sentido de legislar para que las mujeres tengan opciones legales al momento de decidir sobre su cuerpo.

Indicó que las mujeres feministas, desde siempre, han dicho que tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, así como tener educación sexual, anticoncepción adecuada y la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación o en otras causales que no están en Querétaro, como es el caso del riesgo para la vida de la madre, o daño grave a su salud.

Aseveró que en Querétaro el avance mínimo sería aumentar las causales para la interrupción del embarazo, aunque lo ideal es una ley como la que hay en el Distrito Federal, “que es la más progresista, y la que respeta más los derechos reproductivos de las mujeres”.

Dijo que saben de casos de mujeres que radican en el estado que viajan a la ciudad de México para una interrupción del embarazo de manera legal y segura en las clínicas que brindan este servicio.

“Sé que Querétaro es el tercer lugar de mujeres que van al Distrito Federal que van a practicarse un aborto y no somos la mayor población aledaña al Distrito Federal, eso quiere decir que hay una necesidad muy fuerte, porque el Estado de México, Puebla u otros estados aledaños al DF tienen una población mucho grande que la nuestra”.

Precisó que no sabe si en Querétaro existen clínicas que se dediquen a realizar abortos, pero si las hubiera, les cobran a las mujeres grandes sumas de dinero, por lo que también limitarían o frenarían una ley que permita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos.

En la ciudad de México desde 2007 está legalizado que una mujer pueda interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y es considerada de las leyes más liberales de América Latina.

En la mayoría de los estados se considera la opción de un aborto cuando el embarazo fue producto de una violación, aunque no toma en cuenta los riesgos para la vida de la mujer durante la gestación.

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