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El senador panista Raúl Gracia Guzmán urgió a las autoridades federales a encontrar a los responsables de las tomas clandestinas para el robo de hidrocarburo en Nuevo León.
Gracia Guzmán recordó que de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) en lo que va del año los responsables del robo de hidrocarburos han perforado dos mil 481 tomas ilegales en oleoductos de todo el país, un tercio más que en igual período de 2013.
En ese sentido, advirtió el legislador en un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Justicia del Senado, se calcula que Pemex ha perdido 7.5 millones de barriles con un valor de mil 150 millones de dólares.
Cabe recordar que en las últimas semanas Querétaro se ha visto afectado en varios de sus municipios por el robo de hidrocarburos.
Gracia Guzmán subrayó que las tomas clandestinas representan un gran problema para todos los estados del país, pero más para aquellos donde se ubican los ductos que transportan el hidrocarburo.
Dijo que es así porque los grupos de personas que realizan esa actividad tienen bien identificadas las tomas y las redes de distribución, lo que provoca que sea más complicado combatir ese acto ilícito.
El legislador indicó que en el caso de Nuevo León las tomas clandestinas han generado consecuencias y algunas se relacionan con la salud de los pobladores y el medio ambiente.
Gracia Guzmán hizo énfasis en que el aumento de las tomas clandestinas en el país es evidente, pues las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo avanzan cada vez más en la implementación de sistemas para la extracción ilegal del hidrocarburo.
Por lo que, dijo, es necesario frenar ese delito, ya que el impacto económico cada vez es mayor y, por otra parte, aumentan las probabilidades de un desastre ecológico.
Reforma pendiente. El Senado de la República es la cámara que muestra un mayor estancamiento, como es la iniciativa para reformar la Ley General de Hidrocarburos, que castiga con penas más severas el robo de combustible, ello debido a que tanto los senadores como los diputados entraron a un diferendo que impidió acordar qué dictamen se aprobaría.
En ambas cámaras se quedaron atorados proyectos de ley para castigar con mayor rigor a los ladrones de combustibles.
