Más Información
El arraigo al que están sujetos los presuntos implicados en la balacera que se registró en la colonia Candiles, vencerá a finales de este mes, por lo que las autoridades ministeriales y de la Dirección de Investigación del Delito (DID), se encuentran realizando las últimas diligencias que aporten pruebas para la definición de la situación legal de los procesados.
Así lo dio a conocer el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, Arsenio Durán Becerra, quien recordó que en el caso se encuentran participando autoridades federales y estatales, por los delitos que a cada uno compete, paralelo a los trabajos que realizan en conjunto.
“Ellos tienen su propia investigación en cuanto a la comisión de delitos de carácter feral y entonces de manera simultánea la procuraduría del estado ha llevado a cabo sus investigaciones y lo propio está haciendo la procuraduría general de la república de tal manera que cada quien en su tiempo, habrá de tomar sus determinaciones independientemente de que continúan las actividades de coordinación y colaboración para lo que se vaya requiriendo”.
Durán Becerra explicó que una vez que el plazo haya vencido, el Ministerio Público deberá tener configurado el delito por el que se debe procesar a los arraigados, quienes en estos momentos se encuentran aislados en una casa de seguridad de la dependencia estatal, así como determinar quiénes tienen la probable responsabilidad de haber incurrido en acciones delictivas, y una vez cumplidos estos datos, solicitar al juez la orden de aprehensión correspondiente.
“Esto es lo que estamos trabajando en estos días precisamente, para que a la brevedad posible podamos nosotros someter el asunto a consideración del juzgador y que el juzgador dicte las determinación que sean legalmente procedentes”.
En el caso de las dos menores de edad, el procurador advirtió que el caso fue remitido a las autoridades del Sistema Integral para Adolescentes, en donde será definida la situación jurídica de ambas, mientras que un tercero se quitó la vida al interior del Consejo para Menores Infractores, el pasado 5 de octubre.
