El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, urgió a la Legislatura del estado, abordar y establecer los lineamientos específicos en el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cual no debe ser inconstitucional, ya que afecta las finanzas de los municipios.

Indicó que actualmente son alrededor de 25 millones de pesos los que debe el municipio por amparos bajo este concepto, aunque dijo desconocer cuantos son los amparos que engloban esta cantidad de dinero.

“Constantemente se están amparando, El Marqués tiene un problema en este aspecto, porque el DAP lo recauda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente hace las cuentas o que nos lo regresen es un procedimiento que tarda mucho y mientras esto sucede comienzan a llegar todas las demandas y las tenemos que ir pagando, hasta el momento, son 25 millones de pesos que vienen de amparos de DAP”, refirió.

Agregó que como administración municipal, y siendo los principales afectados, se trata de hablar con los empresarios para que sean conscientes de esa situación. Sin embargo, indicó el alcalde, es una cuestión que tiene que ver con la Legislatura.

“Debe haber una ley en donde quede claro como debe ser ese cobro y que no sea inconstitucional que es el lado por donde se amparan los empresarios. En el municipio tratamos de hacer unos ajustes en la Ley de ingresos también, pero no fue posible, todavía se siguen amparando, ya es menos, pero todavía existen muchos amparos”, refirió Vega.

Añadió que el hecho de que se tenga que regresar este recurso a la empresa, representa un daño al erario público. Por lo cual, si sigue imperando esta situación, podría llegarse al punto de que ningún ayuntamiento coloque alumbrado público, o bien colocarse de manera dispersa.

“No alcanza el dinero para pagar, es un costo que tenemos que distribuir entre todos los recibos de luz para que cada quien pague el de su casa y un porcentaje pequeño para lo de afuera,los lugares por donde transitamos o nos trasladamos a nuestra casa, a nuestro trabajo. En las empresas es lo mismo, tiene trabajadores que vienen de las comunidades y en las salidas de sus trabajos no hay alumbrado público y este se ponen para que haya más seguridad”, aseguró.

Asimismo, señaló que el empresario se niega a aportar esa parte que se establece en el recibo de luz, situación que recae en los municipios, quienes al pagar estos costos, dejan descubiertos otros rubros, por ejemplo, el recurso destinado para obra pública.

“Se tiene que legislar, hay empresarios que lo entienden, pero con la mayoría no se puede hablar, dueños de las empresas que a lo mejor lo entienden, pero como siempre son los directores los que están al servicio de un patrón siempre tiene que quedar bien, hacer su trabajo, y si pueden evitar puntos de impuestos, pues esos puntos se los ahorran”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de colocar alumbrado LED, que genera ahorro en luz, Vega refirió que pudiera ser una alternativa, que ayudaría a bajar el monto del consumo y de esa manera bajaría el monto de lo demandado, aunque dijo, seguirían los amparos.

“Hay empresas que consumen mucha energía, y si alguien les dice que lo pueden recuperar con una demanda lo hacen. Claro que con tecnología LED se baja el consumo, pero también es una gran inversión”, concluyó.

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