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El procurador Alejandro Echeverría Cornejo presentó una camioneta que fue adquirida por la pasada administración y que está equipada, supuestamente, para realizar actividades de espionaje, la cual tuvo un costo de 15 millones de pesos y es de origen israelí. Dijo desconocer los alcances y las funciones de dicha unidad y añadió que no se les entregó ni el manual ni la factura de la unidad.
“Nosotros recibimos esta camioneta, ustedes lo saben perfectamente bien, que fue un equipo de transición y la única información que tenemos de esta camioneta es el resguardo por el cual fue firmado por el antiguo director de la Policía. Las características no las puedo definir, ni cómo funciona, ni para qué sirve, ni cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, ni decir quiénes son los que la operaban, porque no tenemos esa información, no nos dieron un manual, no nos dieron la factura”, explicó el procurador.
Alejandro Echeverría informó que de lo único que tiene certeza es que se trata, de acuerdo con el documento recibido, de un vehículo con un equipo de “espectro de análisis inalámbrico, es decir, traducido en otras palabras quizás, quiero aclarar, quizás, sirva para intervención”.
El procurador dijo que esperará a que la anterior administración brinde toda la información respectiva de la unidad referida antes del 30 de octubre, fecha límite que dispone la ley para que el pasado gobierno entregue toda la información referente a la gestión realizada en todas las dependencias gubernamentales durante los últimos seis años.
Mientras la camioneta continuará estacionada en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia.
“Nosotros vamos a esperar los 30 días que tenemos de plazo y ojalá nos quieran entregar los manuales y nos digan para que sirve, quiénes fueron las personas que se capacitaron, quiénes fueron los técnicos y además que nos muestren la utilidad que se le dio”, aseveró Echeverría.
Explicó que en caso de haberla utilizado con fines de espionaje, tendrían que haber tenido la autorización de un juez para realizar dicha actividad y en caso de no ser así se procedería a actuar en contra de quien resulte responsable de su utilización sin que haya tenido el debido y justificado permiso.
“Nosotros no tenemos ninguna bitácora ni ningún registro de que hayan tenido la autorización de un juez para la utilización de este vehículo. Haremos un procedimiento de carácter administrativo, porque nada más hay de dos: una, saber si la utilizaron y quién les dio la autorización; y si no la autorizaron pues hay un dispendio”, puntualizó.
