Sanciones de 30 hasta 100 días de salario mínimo vigente o arresto administrativo de 36 horas podrían recibir aquellas personas que desperdicien agua este sábado de Gloria, esto de acuerdo al Reglamento de Justicia Administrativa del municipio de Querétaro disponible en su página web en el apartado de Reglamentos.

En la sección segunda, artículo 15, fracción I, se establece que usar inmoderadamente o dejar correr en demasía agua potable o sucia en la vía pública son infracciones que atentan contra la propiedad y los servicios públicos, lo que se sancionará de la forma antes mencionada.

Es decir, que las multas podrían ir de los 2 mil 401 pesos a los 8 mil pesos, puesto que el salario mínimo vigente desde el pasado 1 de enero del presente año se estableció en 80.04 pesos diarios.

Por ello, las autoridades de la capital queretana hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar el desperdicio de agua con motivo de las fiestas religiosas de Semana Santa.

“La invitación es que hagamos un uso responsable del agua. Recuerden que es un tema de ciudadanía; es un tema de civismo y es un tema de responsabilidad social con nosotros mismos,  con las personas con las cuales convivimos”, indicó el secretario de Gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros.

Las autoridades municipales explicaron que la sanción definitiva la determinará el Juez Cívico Municipal; dependerá del criterio y las valoraciones en las que se haya presentado la detención del infractor.

Por otro lado, el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 434 establece que invariablemente los propietarios o poseedores de los predios, establecimientos o giros que sean titulares de los contratos de suministro de servicios, tendrán diversas obligaciones y prohibiciones para con la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA).

En la fracción IX se establece la prohibición de usar agua potable para el lavado de banquetas, patios y automóviles con agua corriente en uso de manguera que implique su desperdicio.

El Código establece que será responsabilidad de las autoridades competentes determinar las sanciones a las personas físicas o morales que infrinjan las disposiciones que lo integran.

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