La Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UFCP) está a la espera de obtener la resolución del segundo amparo promovido por los comerciantes cuyos carritos fueron retirados de la Alameda Hidalgo, señaló César Tarello Leal, apoderado legal de los quejosos, quien explicó que la determinación del juez podría darse a conocer en enero de próximo año.

En rueda de prensa, Tarello Leal, junto a Pablo González Loyola, líder de los comerciantes, expuso que se promovieron dos juicios de amparo de manera colectiva, después de que fueran desalojados durante la madrugada del 19 de junio.

Agregó que la resolución del primero de ellos, ya fue dada a conocer, acreditando la violación a sus derechos; no obstante, el segundo recurso legal, que agrupa alrededor de 120 comerciantes de la UCFCP, aún continúa en proceso resolutivo con la instancia federal y será hasta el próximo año, cuando pueda darse a conocer una sentencia.

“Son dos juicios de amparo que se promovieron de manera colectiva con dos grupos de comerciantes pertenecientes a la UFCP. Uno de estos juicios ya concluyó, tenemos la resolución definitiva emitida por el juez de cuarto distrito […] y ordena que restituya los carritos con los que venían desempeñando, como el espacio que venían ocupando en la Alameda Hidalgo. Esto a razón de los quejosos cuentan con licencia municipal”, señaló.

Resolución definitiva podría durar seis meses. Tarello Leal, quien representó a un aproximado de 60 comerciantes en el primer amparo, expuso, con las copias del documento en mano, que en caso de que la autoridad municipal haga uso del recurso de revisión —como lo señaló el secretario de Gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros— la resolución definitiva podría tomar hasta seis meses más.

“Estaremos esperando que la autoridad recurra [al recurso de revisión] o bien, siempre está la posibilidad de que se acerque con mis clientes y pudiera darse una clase de negociación. Eso también es totalmente válido, dentro de los términos legales conducentes”, indicó Tarello.

Por su parte, González Loyola, aclaró que dentro del proceso jurídico no existió ningún argumento por parte de la autoridad municipal que refiriera a una probable portación de armas y la comisión de delitos.

El líder de la agrupación dijo que la sentencia del juez es una ratificación “de la falsedad de estas acusaciones”, pues no se tiene conocimiento de averiguaciones previas, ni carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) que acrediten a los comerciantes como presuntos delincuentes.

“En el caso de que se vayan a la revisión, nosotros defenderemos la figura que proceda de la sentencia dictada. La sentencia tenemos la certeza de que será confirmada, así que queremos informales con lo que dijo el profesor César Tarello, que está sólidamente argumentada y están evocadas diversas tesis de jurisprudencia obligatorias, emitidas por la Suprema Corte de Justicia”, subrayó.

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