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Acostumbrado, por necesidad, a vivir sobre una red de ductos subterráneos donde fluye gas y otros carburantes de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), así como a respirar el hedor de los canales de un río contaminado por industrias, el Barrio de la Cruz no está listo para enfrentar un nuevo riesgo: delincuencia organizada.
El temor mantiene en alerta a muchos pobladores del la localidad sanjuanense, en virtud de que hace seis meses, en el amanecer del 26 de enero, se suscitó la explosión de una misteriosa fortaleza, en cuyo traspatio se ocultaba la escalerilla que bajaba hasta la boca de un túnel, creado a cinco metros por debajo del nivel de la calle y con extensión de manzana y media, que servía para robar gas butano a las tuberías de Pemex.
Un comerciante dice a EL UNIVERSAL Querétaro que en la víspera de aquella explosión pudo ver a “seis tipos medio raros, en dos camionetas de lujo y placas del Estado de México”, circular de manera lenta y continua en las cercanías del inmueble, que entonces sólo despertaba entre los vecinos cierta curiosidad, situado en la esquina de Olivo y Chabacano.
Una madre de familia remonta sus recuerdos a mediados de 2015, cuando comenzó a ver movimientos extraños en la edificación, con una superficie estimada de dos mil metros y que había permanecido vacía durante un tiempo, tras operar como taller automotriz. La primera novedad fue que el propietario o arrendador –ambos con identidades desconocidas– mandara subir los muros, hasta pasar los seis metros, con ladrillos y alambrada.
Posteriormente, durante al menos tres meses previos al estallido, indica que vio entrar y salir del predio a unos diez carros de volteo, así como a muchos albañiles ajenos al barrio. Luego, a alrededor de treinta camiones, entre pipas y tortons, haciendo maniobras frente a la puerta de un supuesto estacionamiento, pero que no tenía rótulo y solía mantenerse cerrado.
“Siempre me dio miedo pasar frente al portón, pero ya no averigüé, porque lueguito pensé: han de ser narcos, mejor ni saber, y así les dije a mis hijos. ¡Pero quién se iba a imaginar que por culpa de esa gente hubiéramos podido quemarnos todos. Santo Dios!”, dice.
Fue así que sólo debido al incendio que lesionó a siete personas, entre bomberos y policías, se sabría que en la fortaleza se localizaba el referido túnel, así como “cuatro camiones tipo tráiler, dentro de cuyas cajas se ocultaban tanques con capacidad de hasta de 10 mil litros de gas”, según divulgó personal de la oficina de Protección Civil municipal a través de las redes sociales.
Un taxista que vive en Vista Hermosa, zona habitacional contigua al Barrio de la Cruz, se pregunta: “¿Cómo fue que ningún policía municipal o estatal les preguntó a los de las pipas qué tanto andaban haciendo por ahí?”
Seis meses sin información
Las versiones en torno a la existencia de otros pasadizos bajo tierra que conducen a ductos de Pemex se propagan libremente en el Barrio de la Cruz, donde la información oficial es nula, tanto de instancias locales como federales.
A seis meses de un estallido que puso en riesgo a un barrio sembrado por ductos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado detenidos ni ofrecido ningún informe sobre el predio, sobre los hallazgos en este y menos sobre las indagaciones policiales que podría estar realizando.
Aunado a lo anterior, la fortaleza que después del suceso fue “asegurada” por la PGR, se encuentra sin los sellos de clausura que la autoridad dejó pegados sobre el portón; apreciándose dicha propiedad vacía, limpia y apenas cerrada con un pequeño candado, según pudo comprobarlo este diario.
La opacidad informativa se confirma con la respuesta de la PGR a este medio, tras solicitar, vía transparencia, avances sobre la carpeta de investigación 073/2016, iniciada a raíz de los hechos. “Negativa por ser reservada. Los datos obran en una averiguación previa que se encuentra en trámite y, por ende, tiene el carácter de reservada por un periodo de doce años”, responde la dependencia.
Reiterando que las averiguaciones competen a la PGR, la Fiscalía General del Estado de Querétaro manifiesta no tener un informe específico sobre el caso; limitándose a comunicar que, en lo que va del año, cuatro personas han sido detenidas por delitos de robo de hidrocarburos en San Juan del Río, municipio que ocupa el primer lugar dentro de ese rubro en la entidad, con 50% de las denuncias.
Autoridades de la presidencia municipal, a cargo de Guillermo Vega, se abstuvieron de proporcionar a este medio información o entrevistas relacionadas con la indagatoria del caso del Barrio de la Cruz, tampoco sobre la situación jurídica del predio donde ocurrió el accidente ni de las reuniones que, según se ha difundido, se han venido realizando entre la PGR, Pemex, la fiscalía y el gobierno municipal.
Si bien el alcalde fue el único funcionario que, a finales del mes de enero, denunció que la “delincuencia organizada” estaba detrás del estallido, y quien luego se dijo “molesto” tras presuntamente recibir una respuesta negativa de Pemex a su exigencia de que la paraestatal coadyuvara para “resarcir el daño que causan las tomas clandestinas a la población”, esta vez declinó hacer comentarios, argumentando “falta de tiempo”, al estar concentrado en preparar su informe de gobierno; pero tampoco accedió a turnar el requerimiento de entrevista a otro funcionario ni mostrar copia del documento que, según dijo a otros medios, le envió la empresa petrolera.
En cuanto a Pemex, su área de prensa comunica que la paraestatal es “totalmente ajena” al caso del Barrio de la Cruz y reitera el “deslinde” sobre los hechos que en su momento hizo a través de su cuenta de Twitter: “No se ha registrado un accidente en nuestros ductos en San Juan del Río, Querétaro. El incendio ocurrió en una bodega ajena a Pemex”.
