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Por violación a los derechos humanos de protección, propiedad y salud de enfermos renales, la Defensoría de los Derechos Humanos Querétaro (DDHQ), emitió una recomendación al alcalde de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero, por continuar con la construcción del parque en Colinas del Sur, pese a que era un predio que fue donado, en el periodo 2009-2012, para la construcción de una clínica de diálisis.
Miguel Nava Alvarado, presidente de la defensoría, informó que el origen de la problemática se remota a 2011, fecha en que la fundación Lattuada del Insuficiente Renal IAP, solicitó al ayuntamiento de Corregidora la donación de un terrero para la construcción de una clínica para diálisis y hemodiálisis.
“El ayuntamiento de ese municipio, el 27 de enero de 2011, emitió el acuerdo de cabildo, a través del cual se autorizó la donación del inmueble ubicado en avenida Camino Real, colonia Colinas del Sur, a favor de la fundación”, aseveró.
Sin embargo, explicó, pese a que se había donado el terreno, el edil, en ese momento el priísta Carmelo Mendieta, utilizó las hectáreas para construir un parque recreativo.
De acuerdo con Miguel Nava, al no concluirse las obras del parque por parte de la presidencia municipal 2009-2012, esta fue continuada por el munícipe electo para el periodo 2012-2015, Zapata Guerrero.
“El presidente municipal Luis Antonio Zapata Guerrero continuó realizando actos de dominio respecto del bien inmueble, generando con ello la continuación de la obra denominada parque recreativo Colinas del Sur, de tal forma que la ocupación del predio inició en una administración y continuó hasta la fecha”.
Nava Alvarado informó que la violación a los derechos humanos la realizó tanto el ex alcalde, como el actual edil, ambos privando el uso de predio que anteriormente había sido donado con la finalidad de crear una clínica en beneficio de los pacientes de la fundación.
“La defensoría advirtió una violación ya que desde 2011; las autoridades municipales de Corregidora privaron a las personas beneficiarias de dicha fundación y aunque se reconoce las acciones que la administración pública del municipio de Corregidora ha generado para crear espacios de esparcimiento sano, ninguna autoridad debe violar las leyes ni los derechos humanos”, afirmó.
La DDHQ emitió una recomendación al edil Zapata Guerrero, para que en un plazo de 10 días repare el daño, es decir, que destine un nuevo predio para la construcción de esta clínica.
Se recomendó que al ayuntamiento iniciar procedimientos contra ex y actuales servidores públicos que participaron en esa violación: los secretarios de administración, ayuntamiento, tesorería y finanzas, y al de desarrollo urbano y obras.
En 15 días naturales, el munícipe debe dar una respuesta a la defensoría sobre el avance.
