Sin recursos federales no se podrá implementar la reforma laboral que implica desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que el Poder Judicial absorba los juicios de los trabajadores, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Dijo que esperan respuesta de la federación para determinar cómo se va a dotar de recursos al Poder Judicial de cada estado para hacer los cambios correspondientes, y que implican, principalmente, la contratación de más personas.

Aunque es prematuro establecer algún lineamiento, dijo que cabe una posibilidad de que los estados pongan el dinero para el presupuesto 2018, bajo el compromiso de que la federación lo regrese con algunos esquemas o programas para el financiamiento de proyectos.

“En la parte laboral se complican las finanzas que ya tenemos acomodadas para todo el año, pero vamos a esperar la respuesta del gobierno federal; no se podría, lo dudo, pero hay que platicar con la federación, si nos dicen ‘háganlo ustedes y luego se los reponemos’... bajo algún ramo, porque estoy convencido de que hay que implementarla, está en ley”.

De acuerdo con el planteamiento de la reforma, no está contemplado presupuesto específico de la federación para los Poderes Judiciales, por lo que tendrían que realizar la transformación con el mismo dinero que les entrega el estado año con año.

En la Junta de Querétaro son 70 personas que aún se desconoce si serán parte de la nómina del Poder Judicial, de no ser así, la falta de presupuesto implicaría echar a andar una reforma sin modificaciones administrativas, es decir, sin más personal, lo que resulta inviable.

El llamado, dijo Domínguez, es de todos los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para la entrega de recursos.

Recordó que, para echar a andar el sistema de justicia penal acusatorio, fue necesario poner recurso estatal -pese a que no era su obligación- por el retraso que presentaba el nuevo esquema; sin embargo, con esta nueva reforma no hay dinero suficiente.

El gobernador también recordó que pedirá ante la Conago que se cambie el método de medición de la inseguridad.

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