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La derogación de la figura de arraigo en el estado, propuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante el Congreso local, es un asunto totalmente viable que haría respetar las garantías constitucionales de los queretanos, consideró el presidente del Colegio de Abogados Litigantes del estado, Alfonso Jiménez Rivas.
Dijo que el arraigo —contemplado en el procedimiento de códigos penales locales— es un procedimiento anticonstitucional que quebranta el principio de que todos los ciudadanos son inocentes de cualquier delito, en tanto la autoridad demuestra lo contrario.
“La figura jurídica de arraigo, es benéfico derogarla del procedimiento de códigos penales del estado de Querétaro, ya que desde mi punto de vista es anti constitucional, debido a que va en contra del derecho penal garantista adversarial, donde el principio es que la persona es inocente y la autoridad tiene la obligación de probar si es responsable del delito que se le imputa”, detalló Jiménez Rivas.
Dijo que cuando se decreta “arraigar” o detener a cualquier persona vinculada con algún delito, es porque no se tienen los elementos de prueba necesarios para acreditarle una posible responsabilidad en los hechos, por lo tanto, se viola dicho concepto.
Por lo anterior, apoyó la iniciativa presentada por el presidente de la CEDH, Miguel Nava Alvarado, ante la 57 Legislatura.
A través de un comunicado, el organismo detalló que por esta norma, el Ministerio Público mexicano puede, a instancias de la investigación de un delito, solicitarle a un juez que una persona que es investigada por algún delito no pueda salir del país hasta que el caso sea resuelto y la persona excluida de todo tipo de responsabilidad.
Nava Alvarado reiteró su confianza en que la iniciativa sea analizada.
