Querétaro se encuentra en un dilema ante la futura prohibición del mercurio, el producto minero más extraído de la Sierra Gorda.
Un dilema que, por un lado, deberá obligar a las autoridades a brindar alternativas ocupacionales en municipios como Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín, donde ésta es la única actividad productiva.
También se deberá apoyar al país en el cumplimiento del Convenio de Minamata, el cual proscribirá el uso del Hg y que fue ratificado en 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto, a fin de “sumar a la nación a una causa destinada a proteger la salud humana y el medio ambiente”.
Para Izarelly Rosillo, doctora en derecho y especialista en temas del medio ambiente, el dilema queretano se complica, porque “no sólo es una cuestión de tiempo, sino de ética.”
“Más allá de los tiempos en los que Minamata deba entrar en vigor, consideraría muy grave que el gobierno y toda la sociedad dejara de actuar en consecuencia; porque en el mundo ya no cabe, por razones éticas antes que legales, el daño que le hacemos al planeta con el uso del mercurio”, puntualizó Rosillo.
Profesora de derecho ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ha participado en investigaciones internacionales sobre el mercurio, percibiendo que “una eventual falta de soluciones pondrá a la entidad, casi permanentemente, bajo el ojo crítico del mundo en materia de sustentabilidad”.
Pero Rosillo pidió que para resolver esta coyuntura adversa de Querétaro –primer productor de mercurio del país–, se sume “más comprometidamente” el gobierno federal y el Congreso de la Unión, dado que aplicar el citado Convenio es una responsabilidad compartida con muchas instancias, tanto de la sociedad como de empresas e instituciones públicas.
“Me inquieta pensar que México firmó un convenio internacional que es vinculante, y por cuyo incumplimiento podemos ser sancionados. Ojalá que tal cosa nunca ocurra. Sin embargo, por ahora me resulta muy paradójico pensar que aun bajo estas condiciones de urgencia ambiental, el presupuesto asignado a la Semarnat se redujo hasta en un 26%. Al respecto, me pregunto: ¿cómo le van a hacer para supervisar la Sierra Gorda si no tienen ni para la gasolina?, concluyó la especialista.
