No hay ningún expediente judicial que vincule a los miembros de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) con conductas ilícitas como la venta de droga, armas o la prostitución, aseveró Pablo González Loyola, líder de los comerciantes desalojados por la autoridad capitalina, en junio del 2016.

EL comerciante reaccionó luego de que el edil de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, defendiera durante su segundo informe de gobierno el desalojo de los comerciantes de la Alameda Hidalgo, efectuado hace 14 meses, al sostener que en dicho espacio existía la venta de drogas, armas y se ejercía la prostitución e incluso, la trata de personas. Agregó que la autoridad judicial tiene pruebas de los hechos mencionados.

No obstante, el líder de los comerciantes señaló que no han sido notificados, hasta el momento, por parte de la autoridad judicial, ni han sido llamados a declarar por denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR). Por ello, calificó las acusaciones del presidente municipal como discriminatorias y violatorias de los derechos humanos.

“Estas declaraciones siguen constituyendo una grave violación a derechos humanos (…) son de extrema discriminación a un sector. Respecto a las acusaciones graves, reiteramos que haga públicas las pruebas que tengan y en este sentido: ¿Dónde están los expedientes y las carpetas de investigaciones?”, expresó el líder de la UCFCP.

Asimismo, González Loyola subrayó que los miembros de la Unión se han mantenido en una actitud de respeto hacia el presidente municipal; además, recordó que desde administraciones pasadas, los comerciantes han dado cuenta a las autoridades capitalinas sobre la persistencia de conductas ilícitas, donde, aseguró, no están vinculados los vendedores de la Alameda.

“No hay ningún expediente que vincule a los dirigentes ni a miembros de nuestra organización con las actividades ilícitas, como lo ha venido reiterando el presidente municipal. Esto es algo que debe superarse, pero sí queremos decir que estamos dispuesto a hacer una acción jurídica al respecto. Nosotros lo exhortaríamos a que compruebe estas declaraciones”, agregó.

El líder de la UCFCP indicó que, de acuerdo con comentarios de ciudadanos, la zona de la Alameda Hidalgo continúa presentado conductas ilícitas como el consumo de drogas y la prostitución, hechos que, aseguró, han sido notificados a las autoridades correspondientes. Reiteró que el discurso del edil capitalino forma parte de una campaña vinculada a la discriminación social de los comerciantes.

“Nosotros nos hemos mantenido en una actitud de respecto, un respeto que el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, no ha tenido con nuestra UCFCP ni con todos los comerciantes que afectó de manera acreditada con un desalojo anticonstitucional y que ya lo dicen sentencias que están plenamente firmes, fue violatorio de derechos humanos y de garantías constitucionales”, agregó.

En su momento, Julio César Esponda Cal y Mayor, delegado de la PGR en Querétaro, informó que se lleva a cabo una investigación por narcomenudeo, venta de documentos apócrifos y trata de personas en la Alameda, derivado de señalamientos de la ciudadanía e iniciada antes de que se diera el retiro de los comerciantes.

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